Las actividades corporativas españolas y de otras nacionalidades en el sector energético afectan gravemente a comunidades y pueblos indígenas de América Latina. Según un informe difundido en enero en el Foro Social Mundial de Belém, en Brasil, los pueblos Ashaninka, Shuar Machiguenga, Ynes y Shipibo son afectados en nuestro país.
El estudio titulado “Atlas de la Energía de América Latina y Caribe. Las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos, sociales y ambientales” fue realizado en diciembre por el Observatorio de Multinacionales en América Latina y la organización Paz con Dignidad-Asociación de Solidaridad, Derechos Humanos y Cooperación para el Desarrollo.
En él se ven los impactos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales en los pueblos indígenas. Detalla las comunidades en conflicto, como las de Wayuu, Barí y Yukpas en Venezuela o la comunidad Wayuu del Cerrejón en Colombia versus empresas mineras.
Además, diversas comunidades frente a construcciones de presas como la Chixoy en Guatemala, la de Urrá en Colombia, la de Itaipú en Brasil y la de Ralco en Chile; acoso y deterioro de los territorios del pueblo Huaorani en el Ecuador, del pueblo Guaraní en Bolivia, de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil del pueblo Mapuche en Argentina, de los pueblos Uwa y Guahibo en Colombia, entre otros.
El Atlas también presenta responsabilidades frente a comunidades y pueblos indígenas por parte de empresas españolas: las de Repsol YPF por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia; las de Iberdrola por Bolivia, Guatemala y México; las de Endesa por Chile, Colombia, Panamá y Guatemala; las de Unión Fenosa por Colombia y Panamá; las de Pluspetrol, prácticamente hoy filial de Repsol YPF y líder del Consorcio Camisea, por Perú y Argentina.
La totalidad de comunidades y pueblos indígenas seriamente perjudicados ahora por el colonialismo económico español no se identifican, señala en su análisis Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.
Respecto a las responsabilidades de las empresas españolas, Clavero dice que el informe repasa cuestiones de principales impactos en derechos humanos, laborales, sindicales, sobre derechos económicos, sociales y de medio ambiente vinculado muchas veces este último a poblaciones indígenas.
Explicó que al referirse a “impactos ambientales culturales” que aquejan a comunidades indígenas se suele entender que sólo afecta sus culturas y no a sus territorios y recursos. Clavero recalcó que el informe alerta que “se está pasando por alto el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos para decidir sobre su territorio y sus recursos naturales”.
El acoso se acomete y la depredación se comete por las empresas no sólo por sí mismas, sino también por la cooperación, el respaldo, la complicidad, el encubrimiento, la receptación, la habilitación o la acción directa en beneficio empresarial por parte y obra de los Estados, señala Clavero.
Los pueblos se encuentran en condiciones muy diversificadas de cara a las empresas según la legislación, la jurisprudencia y las políticas del Estado en suerte.