Organizaciones de pueblos indígenas del oriente del país pidieron al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la consulta previa ya que podrían ser afectados por el proyecto “Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos”. La posición es avalada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).
El proyecto comprende unos 100 metros de ancho y 600 kilómetros de largo que además de deforestar parte de la Amazonía también afectaría el territorio de pueblos indígenas como los ikitu, kandozi, achuar, kichwa, urarina, kukama kukamiria.
La “Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos” comprende la instalación de torres de alta tensión y las subestaciones supondrían una evidente afectación del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas aledaños al proyecto.
El trayecto del esta línea de transmisión podría convertirse en vía de acceso para actividades ilegales de tala, caza, agricultura y ocupación de colonos, y afectando el territorio de estos pueblos y su acceso a medios de subsistencia a través de recursos naturales.
Ante ello, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), exigió que se respete el pedido de consulta previa. Esta demanda es respaldada por la Defensoría del Pueblo.
Sabido es que el Minem no quiere consultar el proyecto amparándose en el Reglamento de Consulta Previa que indica que la construcción y mantenimiento de infraestructura “necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento”.
Lo cierto es que ninguna comunidad será beneficiada directamente por el proyecto puesto que no son los consumidores finales del servicio de electrificación, como sí lo son los habitantes de la ciudad de Iquitos.
En tanto, Henry Carhuatocto, presidente de IDLADS y asesor de ORPIO dijo que dicha organización indígena ha reiterado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos el 22 de agosto su petición de consulta previa y que se suspenda el procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por existir un proceso judicial sobre la obligación de consulta previa del proyecto.
Finalmente, señaló que la consulta previa del proyecto significa la oportunidad de consensuar el desarrollo de la Amazonia con los pueblos indígenas que la habitan y la atención de sus legítimas demandas socio ambientales.