A dos años de ocurrido los violentos enfrentamientos en Bagua, que dejaron 33 personas muertas y un desaparecido, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto Cabanillas manifestó que el tiempo confirma que la población awajún tenía razón para sus reclamos.
“Las muertes de Bagua pudieron evitarse. Para que no vuelvan a ocurrir sucesos similares se debe institucionalizar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, y en este diálogo se debe respetar los derechos que tienen”, manifestó Abanto Cabanillas.
En entrevista con Diálogo Ciudadano, programa radial de INFOREGION, la representante de la Defensoría manifestó que la lección que deja el denominado Baguazo es que el resto de peruanos reconoció a los awajún como sus iguales tanto en derechos como en obligaciones.
En relación al posible desplazamiento de la comunidad asháninka, para construir la Central hidroeléctrica de Inambari en Madre de Dios, Abanto Cabanillas sostuvo que esta población no puede ser trasladada de su lugar de vivencia sin que antes el Estado considere su derecho de propiedad.
“En casos de desplazamiento, los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad según el Artículo 89 de la Constitución. Entonces, las comunidades nativas no pueden ser desplazadas sin antes considerar su derecho de propiedad, es decir se les tiene que consultar si están de acuerdo o no”, manifestó.
Agregó que en el Perú solo se puede limitar el derecho de propiedad a través de la expropiación y la servidumbre. “En el caso de los asháninkas, esta última opción no sería procedente ya que si inundan sus tierras los dueños no lo van a poder usar. Por lo tanto, tendrían que ser expropiados. Pero para eso se requiere una ley específica del Congreso, y muy bien sustentada”, precisó.