“Desde el año 2019 se esperaba que se aprobara este dictamen. Luego de muchas presiones de organizaciones, medios de comunicación y algunos congresistas se pudo concretar el proyecto”, comentó César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, al recordar que recientemente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento aprobó el dictamen para incorporar el tráfico de fauna silvestre como crimen organizado. Solo se espera que se debata en el Pleno como corresponde al procedimiento.
Es de conocimiento público que el tráfico de fauna silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa. Según la plataforma Si Compras eres Cómplice de la Wildlife Conservation Society (WCS), en el Perú, a diario se trafican más de 400 especies. De acuerdo a los registros, entre 2000 y 2018, se decomisaron 79 025 animales vivos. Sin embargo, la cifra no incluye la situación oculta por las mafias.
Estos animales decomisados, producto de esta actividad ilícita, son sometidos a situaciones de estrés y crueldad. Por ello, muchos de ellos mueren al ser extraídos de su hábitat natural. Además, el tráfico ilegal de animales silvestres amenaza la biodiversidad, la salud pública y abre paso a otros delitos como el lavado de dinero.
De acuerdo a la normativa nacional, las personas que trafican con animales silvestres pueden recibir cinco años de cárcel y hasta más de S/20 millones como multa. Sin embargo, pocas personas son sancionadas, especialmente aquellas millonarias mafias que lucran día a día con esta actividad ilícita. Por esta razón, la incorporación del tráfico ilegal de animales silvestres y delitos ambientales en la ley contra el crimen organizado le da a los fiscales y jueces las herramientas para elevar las penas y sancionar a los infractores.
“Los delitos de tráfico de animales silvestres son sancionados por las fiscalías ambientales, pero con este dictamen se le otorga mayores herramientas a jueces y fiscales, como la intercepción de llamadas telefónicas, aumentar las penas privativas de libertad y atrapar a quienes cometen estos delitos de gran impacto”, consideró Ipenza.
Se estima que el 20 % de animales decomisados son exportados a otros países, entre los que están Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, China, Estados Unidos y algunos países de Europa. Por ello, este dictamen busca desmantelar a las grandes organizaciones criminales que comercializan con las aletas de tiburón o los huevos de taricaya a gran escala.
Además, Ipenza precisó que estas mafias obtienen autorizaciones de algunos gobiernos regionales en nuestro país que les otorgan documentos falsos o permisos a empresas que disfrazan el negocio de tráfico ilegal de especies.
Es así que comercializar fauna silvestre no solo se convierte en una práctica negativa que afecta a los animales y ecosistemas, sino que también incentiva la corrupción y daña las institucionalidad de las regiones afectadas por este delito.