El empresario radial Roberto Gálvez señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC cometió ayer algunos excesos en la incautación de equipos de medios de comunicación que no cuentan con licencia. Agregó que el MTC promueve la ilegalidad debido a la burocracia y presuntos favoritismos.
“Los representantes del MTC cumplieron la ley, pero han cometido ciertos excesos. Ingresaron intempestivamente a mi propiedad por la puerta posterior y los efectivos policiales cercaron mi casa como si estuvieran tras un delincuente. Primero debieron pedir la documentación y de no tenerla, intervenir”, señaló.
Sostuvo que llama la atención que a los pequeños empresarios tingaleses se les trate con mano dura, mientras que las grandes compañías de la capital casi nunca resultan afectadas.
Gálvez no sufrió la incautación de sus equipos porque tenía todos sus permisos de operación en regla, pero no sucedió lo mismo con otras tres emisoras radiales y tres estaciones de televisión que operaban ilegalmente y que sufrieron la incautación de sus equipos de transmisión.
Lamentó que el cierre de las estaciones radiales y televisivas haya dejado a varios comunicadores sociales sin trabajo, pero apoyó los operativos para erradicar las radios y televisoras piratas.
Gálvez pidió al MTC mayor celeridad en los trámites para obtener la licencia de operación a fin de evitar la informalidad.
Versión del MTC
Por su parte, el abogado de la Oficina de Control y Supervisión del MTC, Henry Ruiz López, dijo que las incautaciones se efectuaron según lo establecido. “Bajo ninguna óptica nos excedimos. La Ley de Radio y Televisión establece que para operar una estación de radio o televisión se debe contar con la resolución”, manifestó.
En base a esa disposición, el MTC no está obligado a notificar previamente una incautación. “Desde el 2005 se les ha comunicado a las emisoras ilegales de Tingo María para que dejen de operar. Esta acción se realizó en salvaguarda de los ciudadanos y de las estaciones autorizadas que pagan su canon, impuestos y están autorizadas”.
El funcionario manifestó que el representante del Ministerio Público, la resolución judicial que autorizó el descerraje de los inmuebles y los representantes de la PNP garantizaron que la medida se llevara a cabo en el marco legal. Precisó que no se incautaron dos estaciones porque los propietarios se fugaron con los equipos.
“Bajo el argumento de que quieren trabajar, estos señores están perjudicando la salud de las otras personas. Las estaciones de radiodifusión clandestinas emiten señales radioelectrónicos que generan dolores de cabeza y otros males en las personas que viven alrededor. Además, afectan las señales que reciben los aeropuertos”.
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