Nuestros corresponsales de INFOREGIÓN, Francisco Espeza y Cristian Palomino, que laboran en el Valle del Río Apurímac y Ene, VRAE, fueron amenazados hace menos de un mes por hablar directamente contra la coca ilegal y el narcotráfico (INFOREGIÓN, 9 de julio).
Coincidentemente, el alcalde de Kimbiri, Guillermo Torres, presentó una demanda contra nuestros periodistas debido a una supuesta difamación y, con una inusitada rapidez, el juez de Ayna, Óscar Mamani, abrió instrucción judicial.
Los colegas Espeza y Palomino habían propalado una información sobre presuntas irregularidades e ineficacia en el manejo de ingentes recursos económicos provenientes del gas de Camisea.
La Asociación Nacional de Periodistas, ANP; el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión, OLA; y el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, han alertado al país y al mundo sobre esta irregular situación que atenta contra la libertad de expresión.
Habría que recordarle a dicha autoridad que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental señalado en el artículo 2° de nuestra Constitución y en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este derecho es imprescindible para garantizar el respeto irrestricto de todos los derechos humanos. Sin la valentía de opinar libremente, de denunciar crímenes, injusticias y corruptelas, estamos condenados a la opresión y al autoritarismo.
No en vano, este derecho es uno de los más amenazados, tanto por dictaduras y, en algunos casos, en regímenes democráticos, donde algunas personas o autoridades pretenden alimentar redes de corrupción, imponer su ideología o valores personales utilizando para ello recursos del Estado contra periodistas críticos.
El Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha señalado que ésta constituye «todo tipo de idea, información, opinión, noticia, publicidad, actividad artística, comentario político crítico, etc., que pueda ser difundido, incluso las opiniones o expresiones indeseables». Es decir, la libertad que gozamos como ciudadanos nos da el derecho a discrepar, criticar u opinar, ello nos ayuda a enriquecer el debate público, necesario en una democracia.
Es esa línea que INFOREGIÓN entiende el ejercicio periodístico y, más aún, como la posibilidad de ser un medio para escuchar todas las voces, pero también para vigilar y señalar cuando la autoridad se desvía de su función pública.
Por ello, INFOREGIÓN rechaza las amenazas y querellas que sólo pretenden neutralizar la labor fiscalizadora que realizamos desde el periodismo. Estas nuevas formas de amenazas no detendrán nuestra labor que sólo busca evidenciar los caminos de la corrupción y el narcotráfico.