Los cuerpos de un total de 13 de las 37 víctimas de la masacre de Pucayacu, fueron plenamente identificados y pertenecen 12 de ellos a comuneros del Centro Poblado de Culluchaca en la provincia de Huanta y uno a la jurisdicción de Luricocha, según informó Marcela Lumbreras, jefa del Equipo de Antropoligía Forense (EPAF) encargado del proceso de exhumación de restos.
Acompañada de miembros de la Asociación Para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq, ADEHR y del alcalde de Huanta, Lumbreras dió a conocer a los familiares los avances registrados en los exámenes de ADN a los cuerpos y precisó que veinte restos continúan como no identificados mientras que otros cuatro se encuentran en proceso de identificación».
Por su parte, Rosa Pallqui Medina (viuda del periodista desaparecido Jaime Ayala Sulca) y directora de ADHER refirió que su organización seguirá apoyando las labores de identificación «porque de lo que se trata es de conocer la verdad, tal como recomienda la CVR luego de 25 años de desaparición forzada de sus familiares».
Finalmente, luego de escuchar los informes el alcalde de Culluchaca Idelfonso Quispe Rojas agradeció el apoyo brindado por el EPAF, ADEHR y la Municipalidad Provincial de Huanta, para esclarecer la verdad de lo sucesido en Pucayacu y aceptó la sugerencia del alcalde provincial de enterrar a todas las víctimas en un mausoleo de la memoria a construirse en Culluchaca, una vez que las autoridades concluyan el proceso de identificación y devuelvan los restios a sus familiares.
En su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegó a la conclusión que efectivos de la Marina de Guerra del Perú llevaron a cabo la detención arbitraria, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y ejecución arbitraria de 50 personas – 49 hombres y 1 mujer- cuyos cuerpos aparecieron enterrados en las Fosas de Pucayacu, distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, el 22 de agosto de 1984.
Sin embargo y pese a que la justicia ordinaria abrió instrucción contra el Capitán de Corbeta AP Alvaro Artaza Adrianzén, entonces Jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, por el delito de homicidio calificado en agravio de 50 personas no identificadas halladas en las fosas de Pucayacu; el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró sobreseído el caso en 1987 al no encontrar responsabilidad en el citado oficial pese a los múltiples testimonios de los familiares de las víctimas.