Las inversiones mineras atraviesan un periodo crítico. Para las operaciones que ya están en marcha, las condiciones del negocio se han complicado por la reducción de precios de los metales. Existe la misma presión y las mismas demandas, pero los ingresos se han reducido. En el caso de los proyectos, predomina la incertidumbre, porque no ha habido voluntad política (por parte del Gobierno de Humala) para encontrar una ruta que permita que las inversiones tengan viabilidad social. El Estado en los últimos años no se la jugó y esto tiene un alto impacto en el clima para el sector minero.
Entonces, ¿cómo se pueden conciliar intereses que, al menos por ahora, parecen contrapuestos? ¿Cómo generar una ruta que permita tener inversiones sostenibles, que generen beneficios para el que invierte y para el que habita el entorno de las operaciones? La respuesta puede estar en las reglas de juego. No nos referimos exclusivamente a incrementar los trámites o ser más rigurosos en la regulación, sino a encontrar verdaderos pactos que puedan articular a los actores básicos en base a los mismos intereses: Estado, empresa y población local.
En los próximos meses se abrirá un nuevo ciclo en el país, habrá un nuevo Gobierno, que está obligado a plantear un nuevo diseño de políticas para recuperar el terreno perdido en el sector. Por ello, planteamos siete puntos que pueden servir como aporte para fortalecer la relación entre los grandes actores (Estado, empresas y actores locales) y generar un nuevo tablero de juego para la minería en el Perú.
- Todo proyecto de inversión minera debe ser parte de un plan de desarrollo sostenible, diversificado y de gobernanza territorial. Esta tarea y negociación corresponde principalmente al Estado, el cual, de acuerdo con las comunidades, deberá elaborar una propuesta viable y con financiamiento asegurado.
- En su EIA las empresas deben considerar el plan de desarrollo sostenible, diversificado y de gobernanza territorial, y asumir ante el Estado y la comunidad los compromisos y aportes al mismo, que crean convenientes.
- Los alcaldes deberán liderar el proceso y excluirse de toda participación directa en negocios y beneficios.
- Las juntas directivas firmantes de las comunidades deberán asumirlos como contratos institucionales, garantizando su estabilidad y cumplimiento, más allá incluso de su período de gestión.
- Las familias que decidan organizarse en empresas proveedoras de servicios a las minas, deberán comprometerse a contratar el 100 % de su mano de obra local y participar con un porcentaje libremente decidido, para las mejoras en la calidad de vida de su población, como parte de su responsabilidad social con su comunidad.
- Las terceras instancias deberán tener el inventario de los compromisos y acuerdos tripartitos: Estado-empresa-comunidad, para monitorearlos, fiscalizarlos y coordinar con las instancias nacionales, subnacionales y locales de prevención y gestión de conflictos.
- Los grandes proyectos de inversión minera deberán contar con el liderazgo y soporte de un Alto Comisionado para el Desarrollo, miembro del Sistema Nacional de Gestión y Prevención de Conflictos.
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