El Comercio. Ollanta Humala pidió la vacancia por incapacidad moral del presidente García tras los luctuosos sucesos del sur. Mal gesto si es un demócrata, porque el presidente no es el responsable político de la incapacidad de su ministro del Interior que, otra vez, es solo un ministro de policía, incapaz de poner la política y la negociación antes de los hechos violentos. Pero, sobre todo, porque no se trata de la gravedad que tuvo el único precedente de aplicación de este artículo constitucional.
Fui parte del Congreso que abrió la transición política declarando la vacancia del autócrata que se fugó del país aprovechando un viaje oficial y renunció desde Japón sin que siquiera sus ministros —responsables políticos de sus actos— refrendaran o estuvieran con él. Le ahorramos a un país traumatizado por el maltrato cobarde de su primer mandatario, la crisis y el debate sobre si esa renuncia sin referendo ministerial era válida o si su presencia no autorizada en Japón era un abandono de cargo.
La vacancia por incapacidad moral permanente no es un recurso ordinario, utilizable en cualquier conflicto político. La democracia es la ciencia y el arte de los límites y eso no lo ha comprendido Ollanta Humala. Pero tampoco lo comprendió García ni el Partido Aprista. Por eso hoy sostenemos que le han pagado con la misma moneda al actual inquilino de Palacio.
Contaré una anécdota que ilustra lo que digo. Al finalizar enero del 2004, acabando la legislatura ordinaria y siendo presidente del Congreso recuperé la vieja costumbre de declarar clausurada la legislatura antes de concluir la última sesión. No se había hecho en los años precedentes. Es una fórmula simple que no toma más de dos minutos pero conlleva algo importante: el presidente del Congreso ya no puede ampliar la legislatura.
Yo ya lo había hecho desde el 15 de diciembre hasta finalizar enero. Quedaba un mes y era mejor para los congresistas y para el país que no sesionara el Congreso. Yo tenía sospechas, pero no seguridades de que me querían obligar a ampliar la legislatura. Al día siguiente decidí descansar, no fui al Congreso ni pedí el carro oficial. Pero en la tarde me llamó el presidente Toledo y hasta me envió un auto a recogerme.
Llegué a Palacio y lo encontré con el almirante que dirigía el órgano de Inteligencia. Me enseñaron una moción firmada por buena parte de la Célula Parlamentaria Aprista que pedía su vacancia por incapacidad moral y base para que me reclamaran ampliar la legislatura para ese tema. Oralmente me dijeron que hubo una reunión con gente de Unidad Nacional, aunque no estaban sus firmas. Pero tuve en mis manos la moción aprista.
Mi respuesta los hizo reír. Me disculpé por no poder servirlos, les conté que había perdido la facultad de ampliar la legislatura que me podía exigir un número mucho menor de parlamentarios (72) que los necesarios para exigir al presidente una legislatura extraordinaria (80). Me retiré preocupado pero satisfecho.
Es que desde el año anterior, García concluyó que todo apoyo al Gobierno que hacía operativa la transición lo afectaba en sus posibilidades electorales. Por eso sabotearon la reforma constitucional que con el vigoroso esfuerzo de Jorge del Castillo empujamos y por eso rompieron la mesa directiva concertada que dos veces encabezó Carlos Ferrero en gestión leal con los opositores.
En ese momento era importante afirmar la institucionalidad democrática, tan débil, y salir de la autocracia por caminos constitucionales y no por otro golpismo. El Partido Aprista tiene deudas democráticas con la historia en esta etapa y en el primer gobierno de Belaunde que sus dirigentes deberían evaluar con sinceridad, indispensable para la autocrítica.
Es valioso un partido que hace oposición, deja de serlo cuando la mira particular se antepone al interés nacional y democrático. Eso ha ocurrido en estas etapas y yo puedo decirlo cara a cara porque me he negado siempre a hacer antiaprismo y a excluir. Los peruanos necesitamos un Partido Aprista que sea un pilar de democracia junto con otros. Así no lo va a ser.
Nunca acepté que se trate a Humala como un candidato antisistema ni creo que lo ha sido. Pero esta crítica lo incluye. No se puede aceptar que para el opositor “todo vale” y tiene razón en indignarse por los muertos de esta reciente violencia, pero centremos el tema donde debe estar: el Gobierno tiene el deber de prever y una toma como esta en las carreteras no puede ser sorpresa para ningún gobierno mínimamente eficiente. Se actúa en el momento y se minimiza la violencia.
Más aun, el Ministerio del Interior tiene que ser una estructura de comunicación y diálogo con el país y no un simple ministerio de policía. La policía actúa después y apoya; actúa a tiempo no cuando las masas se han instalado. Lo ocurrido muestra una vez más que no existe ni inteligencia ni dirección política. Pero no agreguemos a las fallas del Gobierno una masacre institucional.
Yo apliqué una sentencia del TC que exigía votación calificada para la vacancia presidencial, corrigiendo un error de los fujimoristas que afectó al autócrata. Protestaron los apristas tras perder la votación porque creían ayer como hoy que solo vale la regla cuando les conviene. Pero hoy eso salva a García de la acusación de Humala. ¿Entenderán alguna vez las reglas del juego?
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