El Comercio. El presidente Ollanta Humala, en su primer mensaje, ha dicho enfáticamente que su gobierno combatirá el narcotráfico y que no legalizará ninguna droga, ni los cultivos ilícitos de coca.
Eso no le debe haber caído bien a alguno de sus aliados de segunda vuelta, promotores de la legalización de las mal llamadas “drogas recreativas”, pero es un gesto que el país valorará (según las encuestas, entre 75% y 90% de los peruanos, de todos los estratos, está contra la legalización).
El nuevo presidente ha tomado así firme distancia de los sectores cocaleros, sobre todo de los ilegales, los cuales se le aliaron durante la campaña electoral del 2006, pues su lista parlamentaria de aquel año llevó al Congreso a personajes de ingrata recordación.
Es claro también su deslinde con la postura a favor de la legalización del ex presidente Alejandro Toledo durante la primera vuelta (para muchos, una de las causas de su fracaso electoral).
Humala afirma respetar el debate sobre el tema que se da en el país y en otros de la región, liderado por algunos ex presidentes de América Latina y ciertas ONG, pero ya sentó la posición de su gobierno: combatirá el narcotráfico, las drogas y no legalizará droga alguna.
En su decisión parece haber pesado el preocupante incremento del consumo que envenena a nuestros adolescentes y jóvenes, más que la aplicación de una experiencia que en nuestro país resulta inviable.
Descriminalizar las drogas para su libre venta demandaría una reforma constitucional y, además, esto no garantiza necesariamente la erradicación del abuso de ellas.
La política contras las drogas debe ser soberana, pero debe reclamar la responsabilidad compartida con los grandes países consumidores.
Es pertinente intensificar el combate contra las bandas de narcotraficantes que han convertido Lima y otras ciudades en sicariatos.
Si el nuevo gobierno logra reducir la superficie ilegal de sembríos de coca, habremos ganado parte de la guerra. Según la ONU, solo en el último quinquenio los cultivos ilegales aumentaron 13.000 hectáreas.
La hoja destinada al narcotráfico no tiene límites: ha invadido parques nacionales y zonas ecológicas, y sus subproductos –pasta y cocaína– merman la fuerza moral y promueven la corrupción (robo, prostitución, etc.) entre sus usuarios.
Otro tanto se puede decir de las equívocamente llamadas drogas “blandas”, como la marihuana. Es claro que dopados no se forja colectivamente una patria más grande y mejor, ni se logra prosperar individualmente.
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