La Organización regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas – Selva Central (Arpi-SC) denunciaron, a través de un pronunciamiento, el asesinato de tres comuneros indígenas de los pueblos Ashaninka y Yanesha. Las entidades citadas atribuyen las muertes con el desarrollo de actividades ilegales en sus respectivas jurisdicciones. Por ello lanzaron un llamado de alerta para que se tomen cartas en el asunto y hechos luctuosos como el señalado cesen de producirse.
En el pronunciamiento se informó que las víctimas fueron los comuneros Jesús Berti Antahua Quispe (43), su esposa Nusat Parisada Benavides de la Cruz (40), de la comunidad Cleyton; el Gemerson Pizango Narvaes (46), miembro de la comunidad nativa Santa Teresa. Se informó, además, que los asesinatos ocurrieron el pasado 22 de marzo a las 10 am. en el distrito y provincia de Puerto Inca, región Huánuco.
Además, las entidades indígenas expresan su rechazo a los hechos violentos que se ciernen sobre sus territorios que atribuyen al «avance de las actividades ilegales potenciadas por proyectos de infraestructura sin sustento técnico y la corrupción estatal de autoridades encargadas de administrar justicia que asegura su impunidad». Alertan que el abatimiento de comuneros se debe a presiones de mafias ligadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Denuncian, además, que «las autoridades no implementan sistemas de protección efectivos» como resultado de lo que consideran son medidas «insuficientes» que no llegan a las comunidades en peligro. Por ello consideran que el camino que les queda es la autodefensa. Además, solicitan al Congreso de la República a ratificar el Acuerdo de Escazú.
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