HUÁNUCO. Berlín Diques Ríos, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) y Cline Jorge Chauca López, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (Arpi-SC), acompañados de otros representantes indígenas, acudieron a la comunidad nativa de Tzamiri y su anexo Tsirotsire donde verificaron la expansión de la minería informal e ilegal.
ORAU informó también que esta acción fiscalizadora se desarrolló el pasado 7 de marzo, después de que realizara la suscripción del Pacto de Unidad y Hermandad entre las dos organizaciones regionales de Aidesep, ORAU y ARPI-SC.
En el lugar se verificó que empresas chinas expanden la minera ilegal en territorio indígena citado con la complicidad de malos dirigentes. Se perjudica a la comunidad con la deforestación y la destrucción indiscriminada del frágil suelo amazónico. Estas acciones generan impactos negativos directos e indirectos que afectan de manera drástica los niveles de contaminación como la que ocurre en la quebrada Pintuyacu, principal fuente de agua de la población local.
Otros efectos de los impactos, reportó Orau, es la erosión de suelos, la liberación de metales pesados, principalmente mercurio y el aumento de procesos de violencia social. Otros impactos se materializan en la formación de un desierto enclavado a lo largo del territorio de la comunidad nativa de Tzamiri.
A mediados del 2021, Orau también efectuó una inspección y constató impactos de estas actividades, que atentan contra la salud de pobladores y el ambiente de las comunidades nativas, incumpliendo acuerdos establecidos entre las empresas mineras y la comunidad. Desde entonces hasta la actualidad se ha triplicado las actividades con los consiguientes impactos en la población y el ambiente.
Finalmente, se tomarán acciones conjuntas en el marco del Pacto de Unidad y Hermandad, para la defensa de los derechos colectivos de las Comunidades y Pueblos Indígenas de la zona, informó Orau.