PUERTO INCA. Crecen los daños al ambiente y salud de la población de la provincia huanuqueña de Puerto Inca ocasionados por las economías ilegales. A fines del mes de abril, una delegación de líderes indígenas de esa jurisdicción fue a la ciudad de Huánuco para alzar su voz ante las autoridades.
Al respecto, funcionarios del gobierno regional huanuqueño anunciaron medidas para afrontar esta problemática; por ello consultamos con Fernando Carpio, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia), quien nos dio su parecer ante la respuesta recibida.
Carpio, quien también es primer regidor de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, recordó que cuando estuvieron en la capital regional fueron atendidos por el vicegobernador regional, Juan Paredes, con quien se planificó “realizar una mesa técnica donde se puedan plantear las necesidades en esta parte de la provincia de Puerto Inca”.
Añadió que para esta mesa técnica se contempla la asistencia de representantes de las cuatro federaciones de Puerto Inca, además de otros actores de esta provincia y de la región Huánuco para que se arriben a compromisos. Se proyectó que la reunión se realice el próximo 19 de mayo.
Vinculado a las afectaciones que sufren las comunidades está el tema territorial, que estará en la agenda que lleven para dicha cita. “Están dando títulos superpuestos sobre territorios comunales. Se están creando caseríos en tierras de las comunidades”, alertó Carpio. Añadió que también se abordarán los efectos que las economías ilegales ocasionan en sus tierras.
En tanto, en esta semana el titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), José Herrera, anunció que el GORE Huánuco implementará una oficina de enlace para hacer frente a la minería ilegal en Puerto Inca. Añadió que se tomarán medidas para fortalecer su labor.
Ante estos anuncios “lo que estaría faltando son los hechos”, consideró Carpio al recordar el riesgo que corren muchas poblaciones en Puerto Inca ante el avance de la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal. “A diario llega maquinaria a Puerto Inca; vienen a llevarse la riqueza de la provincia sin dejar nada”, lamentó.
“Hay mucha devastación de bosques primarios de parte de la actividad minera que no cumple los parámetros adecuados en su ejecución. También producen la contaminación de los ríos. Eso es preocupante para nosotros, pues ya deja de ser un problema comunal y se vuelve un problema social”, dijo Carpio.
Añadió que las comunidades tienen grandes territorios a los que llegan gente foránea ligada al narcotráfico. Como no se pueden recorrer permanentemente para vigilar todas sus tierras, esta gente empieza a instalar sus chacras talando la vegetación local para instalar sus cultivos ilícitos, añadió.
Recordó que cuando se les hacía ver los daños a los ríos causados por la minería en el lugar al personal de la DREM se les replicaba que era competencia de la Autoridad Nacional del Aagua. Si se hacía ver la destrucción de bosques se les contestaba que eso debería ser visto por Serfor o las Administraciones Técnicas Forestal y de Fauna Silvestre (Atffs), refirió.
Ante ello, Carpio reclamó una acción conjunta que involucre a varias entidades para corroborar la legalidad y la práctica de un trabajo responsable de parte de quienes llegan a Puerto Inca para explotar sus recursos. De esta manera, se podrán tomar medidas necesarias para detener los daños de quienes los originan.
“Se espera que las autoridades den respuesta inmediata y tomen cartas en el asunto con el fin de impulsar una minería responsable que por lo menos deje algún beneficio a la provincia de Puerto Inca. No todo es que se lleven la riqueza y que dejen nuestros bosques destruidos”, precisó Carpio.