Las compañías petroleras y mineras están aumentando sus compromisos establecidos con los derechos humanos, así lo revela la última investigación de Oxfam América, que presenta un estudio de las políticas públicas de 28 compañías petroleras y mineras.
Cinco de las empresas encuestadas: Inmet, Newmont, Talisman Energy, Rio Tinto y Xstrata -con capitalización de mercado total de más de 180 mil millones de dólares- han expresado públicamente su compromiso explícito con el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), informó Oxfam a INFOREGIÓN.
Aunque sólo cinco de las compañías estudiadas se comprometen explícitamente al CLPI, 20 empresas han incorporado -directa o indirectamente- conceptos generales de apoyo de la comunidad o licencia social en sus posturas hacia actividades de desarrollo de proyectos.
Resalta el informe que todas las compañías -con excepción de dos de ellas- se comprometen a respetar los derechos humanos, con frecuencia refiriéndose al Marco de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. De las 28 empresas analizadas, 23 se comprometen de manera pública a respetar específicamente los derechos de los pueblos indígenas. Aunque no son específicas respecto al tema del consentimiento de la comunidad.
Es probable que el cambio en las empresas en los últimos tres años se deba en gran parte a la intensificación de los conflictos sociales y a las controversias de los proyectos mineros, junto con las nuevas normas internacionales de crédito financieros establecidos para el sector privado por parte del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. El compromiso total del Grupo del Banco Mundial para el sector de las industrias extractivas tiene un promedio de $ 910 millones de dólares por año durante los últimos cinco años fiscales.
Conflictos
Con la intensificación de los conflictos sobre los derechos de la tierra, agua y minerales, las empresas tienen que trabajar con las comunidades para asegurar que tengan una voz significativa en el proceso de toma de decisiones, y que los proyectos elaborados deben contemplar el respeto de los derechos humanos.
Así los proyectos mineros pueden perder 20 millones de dólares cada semana por demoras generado por diversos conflictos sociales. En el 2005, Nigeria perdió hasta 800 mil barriles al día por la violencia en el Delta del Níger.
Durante el problema social entorno al proyecto Conga, Newmont sostiene haber tenido pérdidas aproximadas de 2 millones de dólares diarios durante los primeros días de las protestas locales que paralizaron sus operaciones. Y en el proyecto Quilish, durante las dos semanas de protestas, el valor de las acciones de Newmont bajo en 7%.
Emily Greenspan, asesora de políticas de la organización internacional de ayuda social Oxfam América con sede en Washington DC, sostiene que debido al impacto económico ahora las empresas se están dando cuenta que deben de abordar los crecientes riesgos asociados con obtener el consentimiento de la comunidad y mantener una licencia social.
Señala el informe que actualmente el CLPI es considerado como un estándar de oro y está surgiendo como un principio de “prácticas óptimas” para el desarrollo sostenible, empleado para reducir el conflicto así como para realzar la legitimidad del proyecto, debido a que exige a las comunidades a estar adecuadamente informados de los proyectos extractivistas.
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