Dentro de algunos días el Perú tendrá una nueva gestión presidencial que tendrá que asumir un desafío impostergable que compromete la salud de la población: la conservación ambiental. Sabemos que nuestro país es inmensamente rico en materia de biodiversidad en fauna y flora y es responsabilidad de todos saber valorarla y conservarla.
Es así que INFOREGIÓN conversó con varias personalidades para conocer cuáles vendrían a ser aquellos compromisos y tareas prioritarias de la agenda ambiental que deberá atender el próximo gobierno. Hemos recogido las voces de Carlos Soria, abogado especializado en derecho ambiental; Liz Chicaje, defensora indígena ambiental recientemente galardonada con el premio Goldman; César Ipenza, abogado en temas ambientales; así como de Enrique Ortiz, director senior del Andean Amazon Fund.
Carlos Soria
El abogado especializado en derecho ambiental resaltó que el Perú tiene una agenda comprometida, pues desde el 2015 ha entregado su propuesta nacional para reducir los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, citó que esto supone un compromiso de remediación de 3.2 millones de hectáreas en plantaciones y en bosques y tierras degradados. «Lo lamentable es que no sean parte de la discusión (de los dirigentes políticos); son compromisos que reflejan que seguimos la agenda internacional más por inercia que por capacidad de propuesta», deploró.
Seguidamente, resaltó que el país tiene unos 20 millones de hectáreas en manos de comunidades nativas con un enorme potencial para la biotecnología, el ecoturismo y los econegocios. Agregó que se tienen otros 20 millones de hectáreas ocupadas por indígenas en aislamiento y contacto inicial que deberían ser áreas piloto para implementar economía verde. Recordó que el esquema del Acuerdo de París y de renovación sostenible va hacia una propuesta de economía verde.
Por ello, aclaró que no tiene sentido «asfaltar» la Amazonía, pues lo más dable será implementar políticas para «articular lo rural con lo urbano». Sin embargo, «este discurso no está en la mente de los políticos. (…) En este vacío es que las organizaciones de base, los pueblos indígenas, las federaciones, los campesinos, están mucho más adelante en el cumplimiento de la agenda ambiental que lo que presenta el Estado», sentenció.
Liz Chicaje
La defensora ambiental de la comunidad Bora resaltó que la próxima gestión deberá atender los pedidos de las comunidades indígenas y así dar avance en sus gestiones para tener una titulación. En ese sentido, detalló que el próximo gobierno deberá dar fin a una tramitología engorrosa que dificulta la gestión que puedan hacer estas comunidades cuando desean comprometerse con la conservación de un área natural.
Además, Chicaje incidió en que el próximo gobierno tiene que impulsar iniciativas conducentes a fortalecer la gestión de las áreas naturales protegidas que ya existen en nuestro país. En ese sentido, destacó el importante rol que las mismas comunidades nativas pueden desarrollar al respecto, como población próxima o que habita en dichos espacios.
César Ipenza
El abogado en temas ambientales consideró capital dar «incentivos para generar el bosque en pie», teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos un nuevo récord en deforestación (190 000 hectáreas) de nuestra Amazonía. Consideró que ello debe estar maridado con el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Investigación del Cambio Climático, que fuera creado por el Dr. Antonio Brack Egg.
Otro tema central para el próximo gobierno es la formalización minera. Ipenza recordó que en la gestión de Pedro P. Kuczynski se cambiaron reglas que elevaron el número de mineros formalizados, pero sin alcanzar resultados esperados. «Creo que aquí toca sincerar cuáles van a ser las condiciones para que tengamos mineros en la práctica en esa formalización, y que esta no siga siendo eterna», consideró. Agregó que se debe evitar que esta actividad no controlada siga generando impactos.
El rol de las áreas protegidas tampoco deberá ser obviado por la próxima gestión. «No podemos seguir creando áreas (…) y que vayan en contra de lo que la ley señala». Recordó el caso de la Dorsal de Nasca, «que permite actividades prohibidas en nuestro marco jurídico como la pesca industrial». Citó que a lo anterior no hay que olvidar que vivimos en un contexto del cambio climático, pues las actividades marinas y la conservación de bosques se vinculan a este fenómeno.
Otro tema es mejorar las condiciones de vida de la gente en las urbes. Precisó que el bienestar de la población requiere de acceso al agua potable. A ello se agrega gozar de una buena calidad de aire. Finalmente, resaltó que «se requieren mecanismos efectivos», más allá de los documentos, para que los defensores ambientales no sean amenazados o en el peor de los casos, asesinados.
Enrique Ortiz
El director senior del Programa Andes Amazon Fund consideró que entre los desafíos para la próxima gestión está la gobernabilidad, pues «la institucionalidad todavía está débil» en cuanto a los roles de Serfor, las regiones y entidades nacionales. Recordó que ello tiene que ver con que el 70% de los conflictos en el Perú son socioambientales, pues el rol del Estado es «crítico». En ese sentido, precisó que «los contrastes entre las políticas de desarrollo y el tema ambiental son grandes. Se está hablando del impulso a la infraestructura y hay que tener mucho cuidado con eso».
Otro tema a destacar es el estado de la ilegalidad en el país. Un ejemplo notable se da con la deforestación, que el año pasado llegó a una cifra récord (190 000 hectáreas) en nuestro país. Consideró que en este rubro se debe agregar la minería ilegal. Recordó que esta representa un 10% de la deforestación nacional, dañando la salud de la gente bajo el uso del mercurio, además de estar involucrada en muchos conflictos sociales.
En cuanto a temas vinculados a las urbes, citó el manejo de los desperdicios. «No tenemos una política nacional bien ejecutada en cuanto al tratamiento de los desechos» y eso se relaciona con las aguas servidas que van a los ríos y los mares», lamentó. Se debe tener una política más coherente en el tema, citó. El asunto de la degradación ambiental, precisó, se vincula a la salud como los demuestran la expansión de enfermedades epidémicas (chikunguña, dengue, etc).
Entre las oportunidades que el Perú debe formar parte en el próximo gobierno será el de aprovechar las tendencias mundiales en el giro hacia las economías verdes. Aclaró que si bien no estamos en posición de eliminar el cambio climático, el fin será reducir las emisiones. Hay que trabajar en adaptarnos al cambio climático, pues el país no lo puede evitar. Finalmente, resaltó que el turismo es una oportunidad y en ese sentido será preciso una política de fomento del ecoturismo.
El Acuerdo de Escazú
InfoRegión recuerda que se trata de un tratado internacional que garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, así como el fortalecimiento de la protección de los defensores ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Fue firmado por 24 países de esa zona y fue ratificado por 12 países.
En el caso peruano, el Congreso no lo ratificó. Como se recuerda, la Comisión de Relaciones Exteriores decidió no pasar al Pleno dicho tratado para su debate y posterior votación, pese a que tuvo el visto bueno del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, varias instituciones de la sociedad civil, así como de organizaciones indígenas. Se espera que en el próximo mandato presidencial se decida la ratificación de este instrumento internacional de gran importancia.