En los años del apogeo del narcotráfico, a Tomás Serrano se le llegó a conocer como el «juez antimafia». Por sus manos pasaron 600 cuadernos de un expediente, el «Proceso 766», que metía miedo desde el título: «Desarticulación del brazo armado del Cartel de Medellín».
Sigue «dictando sentencias» en la misma oficina del Palacio de Justicia de Medellín donde condenó a 30 años de prisión al jefe de sicarios del cartel: Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», entre otros grandes capos de la organización.
El sobreviviente de los «lugartenientes» más cercanos al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria recuperó su libertad la semana pasada tras cumplir 23 años en prisión.
Serrano se armó de valor para sobreponerse al miedo que rondaba los despachos judiciales y sus funcionarios. Tanto, que en las oficinas y corredores del piso 21 del Palacio de Justicia se reunían casi todos los días a orar antes de empezar labores. «Se rezaba para que no ser víctimas de la guerra contra el Estado y la justicia» que ejecutó el cartel y costó la vida a numerosos jueces, fiscales, policías, detectives, militares, dirigentes políticos, funcionarios del alto gobierno y otros miles de personas (Lea aquí: Preparan denuncia internacional contra ‘Popeye’ a tres días de su libertad).
La respuesta del Estado fue crear la figura de los «jueces sin rostro» y Serrano se convirtió en uno de ellos.
¿Qué sintió al tener que juzgar al cartel de Medellín cuando tal hecho prácticamente se convertía en una sentencia de muerte?
«Para empezar, el juez titular que tenía el cargo pidió traslado a Bogotá sin fundamento para evitarse continuar con el Proceso 766 contra el Cartel de Medellín. Con el solo hecho de saber que algunos procesados eran los máximos jefes de sicarios, como alias «el Arete» y «Popeye» y la perversidad en múltiples crímenes, era lógico sentir temor, pero había que sobreponerse a eso. Fueron cinco años de investigación muy compleja y tuve problemas de estrés, se me empezó a caer el pelo y a pesar de todo perseveramos y, según mis cuentas, mi despachó condenó al 70 por ciento del cartel de Medellín, entre narcotraficantes, testaferros y sicarios».
¿Qué fue lo más difícil de impartir justicia contra las personas más peligrosas del país como «Popeye»?
«Llegó un momento en que era imposible adelantar investigaciones y juicios contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín, porque apenas iniciaba una investigación atacaban a jueces, fiscales y magistrados. Había restricciones de seguridad para uno y un carro blindado. Pero lo más difícil para mí fue la soledad. Por la reserva de identidad de la justicia sin rostro y para evitar filtraciones de procesos y nuestra seguridad no podíamos consultar los casos con otros jueces ni pedir concepto a nadie.
Debíamos estudiar los casos y la jurisprudencia solos. Hablar con alguien era una falta disciplinaria y un delito, fue perturbador andar en solitario resolviendo procesos porque uno terminaba aislado y desconfiando de los demás por seguridad jurídica y de uno mismo. Los procesos difíciles, con decirle que el del cartel duró cinco años y después que mataron varios testigos a otros había que ingresarlos disfrazados o en secreto por el sótano para hacer una indagatoria».
¿Quién fue ‘Popeye’ en el cartel de Medellín?
«Alias «Popeye» fue procesado como el hombre de confianza más cercano a Pablo Escobar junto con Carlos Mario Alzate Urquijo, alias «el Arete». En ese expediente tan voluminoso que acumuló 600 cuadernos, cada uno con mil folios y que tuvimos que arrumar en el suelo de este despacho, se le acusaba de múltiples asesinatos (46 en una sola sentencia), descuartizamientos, secuestros, torturas terribles, terrorismo, hurtos y extorsiones para cumplir con cobro de deudas, venganzas o para generar terror. Los casos más sonados fueron el homicidio del procurador Carlos Mauro Hoyos, el secuestro de Andrés Pastrana, el secuestro y terrible tortura de un español miembro de ETA que vino a entrenarlos en explosivos, el secuestro de Maruja Pachón, la bomba del parque de la 93 en Bogotá».
¿En sus confesiones percibió arrepentimiento por sus crímenes atroces?
«Solo por un asesinato por propia mano que hizo parte de la sentencia. La víctima se llamaba Wendy y fue amante de Pablo Escobar por 8 años y luego de quedar embarazada, Escobar le pide que aborte, pero ella se niega y la manda a secuestrar. La llevan obligada a un médico que lo práctica y ella le cogió odio y se propone vengarse y entonces enamora a «Popeye», su jefe de sicarios y hombre de confianza y se va a vivir con él. Según su propia versión, se enamoró de ella, pero una vez Escobar lo citó en una caleta. Ella da aviso a la Policía, pero unos agentes corruptos le informan a Escobar del aviso de la mujer y, por eso, al llegar «Popeye», ordena que lo retengan y lo amarren. Tras acusarlo de delatarlo «Popeye» se defiende y dice que es leal y advierte que Wendy sabía de la reunión. Escobar le pide que le demuestre lealtad y la asesine él mismo. Así lo hizo, la cito a almorzar y le dispara varias veces en la cabeza. Fue la única vez que percibí algo como remordimiento. Cuando confesó tantos crímenes siempre se interesó por no mostrarse como un sicópata y repetía que por eso no se llevaba recuerdos de las víctimas y que no sabía con certeza cuántas personas había asesinado».
Su sentencia indica que «Popeye» robó 17 millones de dólares de una caleta y desató guerra de narcos…
«Eso contribuyó a que se resquebrajara el cartel de Medellín y comenzó cuando se robaron una caleta que tenían los hermanos Moncada en una casa de Envigado. Resulta que el señor sacaba los bultos con los dólares a asolear y airear y la hija comenzó a sacar billetes de 20 dólares que empieza a gastar a manos sueltas en discotecas, en compras y le compra moto al novio. «Popeye» y otro lugarteniente se enteran y secuestran a la hija del dueño de la vivienda y la retienen en un motel a donde obligan a ir a la madre, a quien golpean hasta que les revela la existencia de la caleta con el dinero. Van a esa casa y hurtan los 17 millones de dólares. Los Moncada investigan, hasta torturan personas y descubren que «Popeye» participó y se quejan ante Pablo Escobar. Ese robo alimenta la enemistad y tiempo después Pablo Escobar cita en la cárcel la Catedral a los Moncada y los asesinan. Estos asesinatos generaron la reacción de los socios que se sintieron amenazados que para defenderse conformaron los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), quienes buscan la protección del Estado y se convierten en informantes de las autoridades».
¿Cree en el arrepentimiento y resocialización que declaró «Popeye» al quedar libre?
«No sabría qué decir. El arrepentimiento es del fuero interno de cara persona, pero ojalá se haya resocializado y pueda reintegrarse a la sociedad tras cumplir su pena y que sea sincero cuando pide perdón por los males causados a la sociedad. En cuanto a que se le ponga de ejemplo de resocialización en las cárceles tengo mis reservas».
¿Y ante los graves crímenes siente que hubo justicia?
«Si hablamos de aplicación de la Ley se hizo justicia al imponerle a esta persona las máximas penas en esa época con las reglas de juego del sistema judicial. A partir de eso vienen descuentos por estudio y buena conducta y redención de pena, entonces algunos dirán que no que hay correspondencia entre el tiempo en prisión y la gravedad de los crímenes. Pero el Estado debe cumplir con sus leyes y por eso tiene derecho a la libertad».
«Popeye» dice que fue un ejemplo de antivalores. ¿La sociedad aprendió una dura lección con su caso?
«Lo cierto es que había en la sociedad aceptación del narcotráfico que corrompió al Estado y del que se benefició la gente en toda la sociedad. Los narcotraficantes llegaron a ser reconocidos casi como empresarios y muchas personas querían ser sus amigos, socios y los abogados hacían fila para defenderlos. Había funcionarios que los toleraban y no se interesaban en investigarlos. Por eso la lucha contra el cartel de Medellín fue tan difícil para el Estado y solo cuando se logra asociar narcotráfico con terrorismo comienza el rechazo social. Incluso, este proceso judicial contra el cartel de Medellín me deja la sensación de que hubo participación de autoridades extranjeras en algunas de las primeras bombas para encaminar esa relación entre narcotráfico con terrorismo y así romper esa complacencia social».
Tras esta lucha que usted representó como juez, ¿siente que se fortaleció la justicia para enfrentar amenazas como el narcotráfico?
«Los carteles del narcotráfico llegaron a cooptar el Estado y someter a la sociedad aprovechándose de la debilidad del país y sus instituciones. Fue una época (finales de los 80 y principios de los 90) donde estallaban bombas casi a diario y no se sabía siempre de dónde procedían, había un anarquismo espantoso. El país no estaba preparado para contrarrestar este crimen organizado internacional, que tenía grandes recursos y acceso a tecnología para hacer terrorismo. Por ejemplo, trajeron explosivistas del grupo terrorista ETA y a uno de ellos lo mataron al creer que armó la bomba del edificio Mónaco. En contraste, nosotros teníamos equipos obsoletos y una infraestructura muy básica. Prácticamente, era un juez contra una mafia armada, contra un pull de abogados bien preparados. Era quijotesco administrar justicia de esa manera».
¿Cómo ve la lucha contra el narcotráfico hoy?
«Ahora hay más recursos para investigar, más capacitación y por lo menos más jueces y fiscales, se han endurecido penas contra graves delitos. Pero el narcotráfico sigue siendo un gran negocio ilegal, ya no manejado por el monopolio de estos grandes carteles con su capacitad militar y en guerra contra el Estado, sino por muchos grupos criminales que se reparten las ganancias y con personas de bajo perfil que ya no son ostentosas como en el pasado».