Ante demanda judicial contra los periodistas de Panorama interpuesta por el Ejecutivo, el Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y la Federación de Periodistas del Perú emitieron un pronunciamiento para rechazar la cultura del secretismo que impulsan algunos funcionarios públicos.
Hay pues una “preocupante persistencia de los funcionarios públicos de querellar a quienes revelan irregularidades en el manejo de los recursos del Estado”. Al respecto, Jakke Valakivi, ministro de Defensa, ha impulsado una “política de amedrentamiento” contra el periodismo libre de nuestro país.
Se resalta que “la demanda judicial contra los periodistas de Panorama está orientada por quienes practican la ´cultura de secretismo’» pues consideran que los “periodistas molestan y los medios incomodan, pretextos que los lleva a poner en marcha políticas que no tienen otro fin que el de aplicar la ‘ley de la mordaza’ y así despojar a la ciudadanía del derecho a recibir información libre y veraz”.
Se remarca que este episodio no debe pasar “desapercibido” para el Gobierno peruano actual y para el que le sucederá el próximo 28 de julio. “A los periodistas nos corresponde denunciar y al Estado actuar de verdad en la investigación de los censurables hechos por quienes están involucrados en posibles actos de corrupción y no quedarse en simples lamentos”, se destacó.
Asimismo, se subraya que la modernidad democrática tiene entre sus bases al acceso a la información de interés público. Este eje refuerza la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones y en el sistema democrático.
“En esta hora difícil para el periodismo libre hacemos una invocación a los poderes del Estado para que recuerden lo prescrito en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que en una sociedad libre se considera que el Estado no debe esconder información y que los archivos deben estar a disposición de los ciudadanos, salvo aquellos que pudiesen poner en peligro la seguridad del país. Revelar que existen indicios de corrupción de parte de funcionarios públicos es afirmar la seguridad material y moral del Perú como nación”, concluye el pronunciamiento.