Son dos organizaciones las que se disputan la representación de los productores de coca: la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú (Cenacop) y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpacc).
La primera, manejada por Iburcio Morales y Eduardo Ticerán, representa principalmente a los cocaleros del Monzón y Aucayacu. En estas dos zonas se cultiva más del 70% de toda la coca ilegal del Alto Huallaga.
La Conpacc intenta tener una representación más amplia y abarca, además de algunas provincias de Huánuco, San Martín y Ucayali, a los cocaleros del VRAE.
Los temas que generaron el divorcio de ambas organizaciones son varios y pasan por supuestos malos manejos de los fondos recaudados para las marchas, el aprovechamiento político de la llamada agenda cocalera, el doble discurso de algunos dirigentes (quienes exigían la desactivación de Devida y, al mismo tiempo, cobraban viáticos de esa institución), entre otros.
Pero lo que fue considerado una alta traición fue la negociación que hizo la Conpacc con el Gobierno en el 2003, cuando se introdujo el concepto de erradicación gradual y concertada de la coca. Los cocaleros del Monzón desconocieron este acuerdo.
Lamentablemente, durante estos últimos años hemos observado la penetración a ambas organizaciones cocaleras de los intereses del narcotráfico y de Sendero Luminoso.
Hay varios dirigentes cocaleros sentenciados por su vinculación con el grupo terrorista y al menos uno fue capturado procesando pasta básica en su parcela de coca. Pocos días atrás, incluso, se informó del asesinato de un dirigente cocalero de Aguaytía, en un aparente ajuste de cuentas.
El narcotráfico y el terrorismo en Aucayacu están asesinando diariamente a quienes no se ajustan a sus reglas de juego. Considero que la dirigente cocalera fue víctima de esa narcoviolencia que se presenta imparable.
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