HUÁNUCO. El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María saludó que el Gobierno Regional (GORE) de Huánuco acogiera una recomendación defensorial e implementara la Subgerencia de Comunidades Nativas, Campesinas, Identidad Cultural y Población Vulnerable, unidad orgánica que permitirá afianzar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, así como coordinar las políticas públicas a nivel regional.
Sobre el particular, el coordinador del módulo defensorial, Jorge Mendoza, detalló que el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del GORE Huánuco, aprobado el 30 de octubre de 2020, establece las funciones de la referida subgerencia, sin embargo, no era implementada con personal, logística, ni con el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus responsabilidades.
En ese sentido, la Defensoría recordó al gerente de Desarrollo Social del GORE Huánuco que, de acuerdo con la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) del Ministerio de Cultura, en la provincia de Puerto Inca existen un total de 23 comunidades nativas pertenecientes a cuatro pueblos indígenas: asháninka, yanesha, kakataibo y shipibo-konibo. Sin embargo, de estas solo 15 se encuentran reconocidas y 10 comunidades titularon sus propiedades ancestrales.
En ese sentido, se señaló que es necesario que las autoridades regionales lideren las acciones para atender los problemas que afectan a los pueblos indígenas de Puerto Inca, pues la falta de protección jurídica respecto a la titulación de las comunidades las expone a una situación de indefensión ante el desarrollo de actividades ilícitas en sus territorios como la tala y minería ilegal o el narcotráfico, incluso poniendo en alto riesgo sus vidas e integridad personal frente a amenazas que reciben sus dirigentes o miembros de las comunidades, como ocurrió con el asesinato de Arbildo Meléndez Grández.
“Reconocemos la respuesta positiva por parte del Gobierno Regional de Huánuco que nos ha informado que ya se han realizado las gestiones para asignar presupuesto a esta subgerencia, para la contratación del personal y mobiliario necesario. Asimismo, han dispuesto la coordinación para realizar un diagnóstico del estado situacional de la salud, educación, entre otros temas, de la población indígena de Puerto Inca”, dijo Mendoza, informó la Defensoría del Pueblo.