Muchos peruanos y peruanas aún recordamos aquel mensaje a la nación del 5 de abril de 1992 del hoy condenado Alberto Fujimori, cuando decía «disolver, disolver el Congreso de la República”, y así rompió el estado de derecho e inició la larga historia de corrupción y dictadura que le hizo mucho daño a la institucionalidad del país. Lamentablemente, pareciera que el actual gobierno del presidente Alan García quiere retomar estas actitudes de intolerancia, solicitando la disolución del AIDESEP a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia.
Lamentablemente, el actual gobierno del presidente Alan García, parece que quiere retomar estas actitudes de intolerancia, solicitando la disolución del AIDESEP a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, lo cual de ser efectivo, originaría un peligroso precedente para cualquier institución que no esté de acuerdo con sus posiciones y formas de gobernar el país.
Ya lo han intentado antes con las ONGs ambientalista y defensoras de los derechos humanos, a través de iniciativas legislativas en el Congreso a través del APCI, que felizmente no lograron pasar por ser inconstitucionales.
En la más descarada ambigüedad, el Gobierno ha venido desarrollando una doble estrategia.
Por un lado ha mantenido un diálogo con el AIDESEP (liderada interinamente por su vicepresidenta Daysi Zapata por decisión de sus bases) junto a la CONAP en el grupo nacional que durante los últimos meses ha estado trabajando en cuatro mesas de trabajo, a donde he tenido la oportunidad de asistir por invitación de ambas instituciones y he comprobado que todos los representantes indígenas asistentes han demostrado un alto grado de compromiso de dialogo, respeto a estos espacios, así como un manejo maduro y sólido de sus preocupaciones y propuestas, ante la ausencia o desinformación algunas veces de funcionarios del gobierno central o gobiernos regionales.
Además, ha venido incumpliendo las actas suscritas por ellos mismos en San Ramón y Santa María de Nieva con los representantes de los pueblos indígenas, que entre otras cosas se acordaba cesar con las persecuciones y los juicios a los dirigentes indígenas. Sin embargo, se ha continuado con la denuncia contra Vladimiro Tapayuri, coordinador de la Mesa N° 2, que analiza los decretos legislativos que atentan contra la Amazonía, así como también contra los dirigentes de FREDESAA.
Puede leer el artículo completo de Sandro Chávez en: http://cuartoambiente.blogspot.com/2009/10/gobierno-peruano-intenta-disolver.html
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