El Gobierno peruano expresó hoy sus disculpas públicas por el secuestro y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, a manos del grupo paramilitar Colina, ocurrido en 1992, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori.
«A nombre del Estado peruano, les expresamos nuestras disculpas públicas y este acto de desagravio hacia ustedes, que como familiares buscan que hechos tan graves no se repitan jamás en nuestro país», expresó la ministra de Justicia, María Zavala, quien encabezó la emotiva ceremonia pública, realizada en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el acto público, en el que participaron también los deudos de los estudiantes que durante años batallaron dentro y fuera del país para conseguir justicia, Zavala reconoció que el crimen de La Cantuta constituía una de las acciones más graves de violaciones de derechos humanos de los últimos 20 años y que fue realizado por un grupo paramilitar que se constituyó con el aliento y aprobación de un régimen dictatorial en auge, en alusión directa al gobierno de Fujimori.
“Por ello, la democracia tiene la obligación moral y ética de realizar un acto público de reconocimiento, de responsabilidad, para que nunca más se repitan actos de lesa humanidad como éste”, expresó.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado por el crimen de La Cantuta y lo obliga a procesar y dar sanción a los responsables, desagraviar públicamente a los deudos de las víctimas y repararlos económicamente.
En ese sentido, la Ministra informó que se encuentran avanzadas las gestiones para realizar el pago de las reparaciones en favor de los familiares de las víctimas y detalló que el Consejo Nacional de Derechos Humanos viene coordinando con el Fondo Especial de Administración de los Dineros Obtenidos Ilícitamente (FEDADOI) y el Ministerio de Economía para lograr este objetivo.
En este acto de desagravio participaron: el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado; el ex presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner; la representante de los deudos, Gisella Ortiz; y el secretario general del Ministerio de Defensa, Renzo Chiri.