El Ejecutivo remitió al Congreso de la República dos proyectos de ley, uno que modifica la distribución del canon minero y permite la transferencia parcial a favor de la población, y otro que crea la Central de Compras Públicas.
El proyecto sobre el canon minero establece que las municipalidades distritales donde se explota el recurso natural, y que perciben ingresos por este concepto, deberán destinar el 35% de sus ingresos totales por ese concepto a favor de las familias de sus jurisdicciones.