El nuevo Minambiente, Juan Gabriel Uribe, hereda de su predecesor una penosa deuda con el país, la cual bien haría en poner entre los asuntos prioritarios de su gestión y en saldar a corto plazo, como señal de que la nueva administración sí tiene genuino interés en honrar los compromisos del Gobierno sobre la conservación y el uso sostenible de los bosques, temas que en múltiples aspectos tienen estrecha relación con la búsqueda y el logro de la paz.
Desde el año 2010, el Ministerio de Ambiente lideró, junto con el DNP y los ministerios de Agricultura y de Comercio, la convocatoria a comunidades negras, indígenas y campesinas, sector privado, academia, corporaciones autónomas regionales, organizaciones ambientales, etc., a un aparentemente bien intencionado proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), para discutir el cual se hicieron con gran bombo unas reuniones iniciales, pero no se volvió a tener noticia.
En algún momento pareció justificable que el retraso en la actualización del PNDF fuera explicado por la conveniencia de realizarla en el marco más amplio de una revisión y ajuste de la política general en esta materia. Por ello se recibió con entusiasmo el compromiso público, hecho hace más de un año por el presidente Santos, de formular una política integral para el desarrollo forestal sostenible, responsabilidad que puso en cabeza del DNP y de los ministerios de Ambiente, Agricultura e Interior. Los representantes de estas entidades en el Foro, organizado por la Universidad Nacional y Colciencias, realizado en septiembre del 2011 en el Congreso de la República, refrendaron ese compromiso y anunciaron llevarlo a cabo mediante un proceso de consulta y amplia participación de los actores interesados.
A la fecha no se conoce propuesta alguna. Ni se ha iniciado la discusión y concertación de esta política, crucial para la sostenibilidad ambiental del país. Resultan desconcertantes la inacción y el mutismo oficiales. Hasta ahora, los únicos efectos visibles de la gestión gubernamental parecen ser los de haber dejado en un completo limbo el PNDF y evidenciar no poco desdén por los diversos sectores y grupos de interés (alrededor de cien entidades públicas y privadas) que han sido convocados en el pasado a través de la Mesa Nacional Forestal, a los cuales se ha dejado colgados de la brocha en este proceso.
La necesidad de enfrentar con mecanismos más eficaces los graves problemas de pérdida de cobertura boscosa y la incesante ilegalidad del aprovechamiento y comercialización de maderas; el ostensible atraso en la elaboración e implementación de planes de ordenación forestal; la carencia de mecanismos de apoyo técnico e incentivos para las numerosas comunidades cuya subsistencia depende del manejo sostenible de los bosques naturales productores; la importancia de contribuir a la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático asegurando el buen manejo de los bosques y evitando la deforestación; la urgencia de revisar las disposiciones sobre reserva minera estratégica en relación con sus implicaciones sobre la integralidad de las zonas de reserva forestal; el rol de los bosques en los procesos de restitución de tierras; las limitaciones de la administración forestal pública; la actualización de la normativa y la financiación de la gestión, entre otros temas, son asuntos que demandan la pronta definición o ajuste del marco de la política forestal nacional.
El «buen gobierno» también ha de extenderse a la gestión de los bosques. La buena gobernanza forestal requiere la urgente incorporación de criterios de transparencia, equidad, participación, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. La inaplazable formulación consensuada de la política integral para el desarrollo forestal sostenible constituye oportunidad excepcional para iniciar la aplicación efectiva de estos criterios y para demostrar la verdadera voluntad del Gobierno en esta materia.