Gobierno destina más de S/. 180 millones para lucha contra las drogas

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, informó que este año se han destinado más de 180 millones de nuevos soles para la ejecución de acciones y programas estratégicos de interdicción, desarrollo de cultivos alternativos, así como la prevención y rehabilitación comprendidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016.

Precisó que de ese total, 132 millones de soles se ejecutan en el Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS; 19.5 millones en el Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas (PTCD); mientras que para el Programa Presupuestal Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú – GIECOD, se asignó 29.4 millones de soles.

Jara Velásquez indicó que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), encargada de conducir dicha política multisectorial,  destinó también 14.5  millones de soles para la labor de erradicación de coca ilegal en el Trapecio Amazónico (Caballococha), zona donde también se ha reforzado la presencia del Estado con la implementación de programas sociales.

En lo que respecta a la prevención, mencionó que a fines de este año, unos 250 mil estudiantes y profesores estarán debidamente capacitados e informados sobre el problema de las drogas, y anunció la presentación de un proyecto de inversión pública para la instalación, por primera vez en el Perú, de un hospital de tratamiento de adicciones.

La jefa del Gabinete Ministerial inauguró el Seminario Internacional “Narcotráfico y Crimen Organizado”, que realiza la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) con el apoyo de la Embajada de Francia y  la Delegación de la Unión Europea en el Perú, con el fin de diseñar y establecer estrategias conjuntas para combatir este flagelo.

CRIMEN ORGANIZADO

En su discurso, Ana Jara aseguró que el Perú se encuentra en una lucha frontal contra el crimen organizado para lo cual trabaja estrategias claras y enérgicas con el fin de dar una solución integral y equilibrada a este flagelo.

Manifestó que el Gobierno está desplegando importantes esfuerzos para perseguir, capturar y procesar a las organizaciones criminales que vienen actuando en el país.

Anotó que a diciembre del 2013, se registró 15 mil 323 reclusos (entre procesados y sentenciados) vinculados al tráfico ilícito de drogas.

Informó también que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró, entre enero de 2007 y agosto de este año, 22 mil 334 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos por un total de US$ 10,880 millones.

En cuanto al monto involucrado por dicho delito, la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas que involucra 5,083 millones de dólares, que representa el 47% del total.

La jefa del Gabinete Ministerial dijo que como parte de la estrategia integral para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, se está dando énfasis a la prevención, la cual apunta a reducir las circunstancias en las que el crimen organizado puede operar y erradicarlas para evitar su desarrollo.

En ese sentido, anotó que se viene ejecutando un importante trabajo social en las zonas de cultivo y producción de coca, principalmente en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde ahora hay mayor presencia del Estado, con la implementación de los programas sociales Juntos, Cunamas, Foncodes, Pensión 65 y Qaliwarma.

En cuanto al crimen organizado, la presidenta del Consejo de Ministros resaltó la puesta en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado, importante herramienta legal que contiene los criterios legales claves y las penas máximas que permitirán enfrentar de manera efectiva este complejo ilícito que trasciende nuestras fronteras.

Destacó que otra de las medidas adoptadas para atacar la criminalidad organizada, es la reciente firma del contrato para la implementación de un sistema que bloqueará el uso de celulares, internet y redes Wi-Fi en diversos penales del país, lo que pondrá fin a las extorsiones y hechos delictivos como tráfico de drogas, secuestros y asesinatos  que eran planeados y dirigidos desde las cárceles (Andina).