Con el objetivo de fortalecer las metas del país frente al cambio climático y renovar el compromiso que asumió nuestra nación en el marco del Acuerdo de París, esta tarde, el Gobierno peruano aprobó la Declaración de Emergencia Climática Nacional, a través de la promulgación del Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática.
El acto protocolar se desarrolló en una playa de Ventanilla afectada por el derrame de petróleo acaecido el pasado fin de semana. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo; la primera ministra, Mirtha Vásquez; y el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.
En ese marco, el titular del Ambiente destacó que con dicha norma se está marcando un “hito histórico” en consonancia con la agenda mundial sobre cambio climático y las economías verdes. “Esta herramienta legal frena la deforestación, frena el uso indiscriminado de los acuíferos”, acotó.
Asimismo, dijo que con ello se impulsa el tránsito “a una economía baja en carbono, a reciclar y a ceñirnos a una agenda mundial verde”. Al reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta, señalo que este debe ser aprovechado sostenible y sustentablemente, “guardando los demás recursos para las futuras generaciones”.
En tanto, la primera ministra, Mirtha Vásquez, recordó la conformación del comité de crisis que asume desde hoy la gestión para superar la emergencia ambiental por el derrame. Citó que el Minam llegó a acuerdos con Repsol sobre responsabilidades que la empresa debe asumir: entregar cronograma de limpieza, contratar a pesqueros locales en labores de limpia, y entregar víveres a familias afectadas.
Anunció que la Oficina de Asuntos Humanitarios de las NN.UU. enviará un equipo para asesorar en la remediación ambiental de la zona. Citó que se articulan acciones con universidades, entre otras entidades, así como con voluntarios. Remarcó que el Estado asume la responsabilidad para superar el desastre ecológico generado por el derrame de petróleo, como muestra de su compromiso con el rubro ambiental.
A su turno, el presidente Castillo dijo que el decreto supremo suscrito es una apuesta por un país más justo y solidario donde el daño ambiental de empresas tendrá que ser frenado. Precisó que las acciones propuestas en el decreto serán supervisadas por el Minam, el gabinete ministerial, el Parlamento, etc, y que el Gobierno seguirá el cumplimiento de esas medidas.
Castillo resaltó que la promulgación del decreto supremo citado no solo implica reducir los riesgos ambientales, sino que también obliga asumir compromisos concretos desde el Gobierno central para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país. Agregó que el Gobierno tiene un genuino compromiso con la reducción de los efectos del cambio climático; de no actuarse así, los afectados seremos todos nosotros.