Ante los constantes conflictos sociales entre las comunidades y las industrias extractivas, los gobiernos regionales y locales siguen trabajando para que las poblaciones participen en las decisiones del sector a través de la consulta previa. Sin embargo, esta medida debe ser transparente para que la población tenga mayor confianza en el Estado.
En entrevista a INFOREGIÓN, Gustavo Ávila, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, señaló que las personas se van a oponer a cualquier iniciativa minera. Es necesario que haya una adecuada comunicación entre las partes involucradas. La comunidad debe estar informada del impacto real del proyecto y la empresa debe saber cuál es el reclamo.
Otra de las alternativas para una gobernanza en el sector extractivo es que más gobiernos regionales opten por la Alianza para la Transparencia. Así se evitarán casos de corrupción, como los que se presentaron en Áncash, Loreto y Tumbes. Junto con otros sistemas de control, esta medida permitirá una buena administración de las rentas.
La iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI por sus siglas en inglés) también permite generar un contexto favorable para la población y el sector. A la fecha, los gobiernos regionales de Moquegua y Piura han apostado por esta opción.
“Estos proyectos no buscan que las autoridades se sientan vigiladas, sino que se genera un ambiente más amigable para negociar con las partes involucradas”, comentó.
Aunque las dos últimas iniciativas han ayudado a garantizar el uso de los impuestos, el Perú todavía tiene brechas por reducir, como la falta de una política de planeamiento para saber qué actividades extractivas se pueden realizar en una comunidad. Se carece, además, de un plan para distribuir equitativamente las rentas por la extracción de los recursos naturales.