El Estado continúa trabajando para luchar contra la minería ilegal. Esta vez, se logró la aprobación del dictamen del proyecto de la Ley de Fiscalización Administrativa en Plantas de Beneficio (Ley 3478/2012PE) en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, a la que asistió el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, además de los representantes de otros ministerios.
“Ahora, solo queda pendiente la aprobación en el Pleno del Legislativo, para continuar con el camino trazado que permita hacer más eficiente la fiscalización administrativa a las plantas que funden, purifican y/o refinan los minerales”, informó el Minam a INFOREGIÓN.
La ley establece que OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL realicen intervenciones conjuntas con el propósito de fortalecer la fiscalización tanto en materia ambiental como en seguridad y salud ocupacional.
Asimismo, la puesta en marcha de esta ley permitirá identificar y fiscalizar a aquellas Plantas de Beneficio que, aunque registradas como pequeña y mediana minería, en la realidad vienen operando con capacidad instalada que corresponde a operaciones de gran minería.
“Este proyecto tiene todo el consenso absoluto y sin ninguna fisura de todos los organismos especializados que intervienen en la materia. No hay duda en el Poder Ejecutivo de la importancia de este proyecto”, resaltó Pulgar-Vidal, quien además informó que actualmente existen 289 plantas de beneficio en proceso de formalización y 146 plantas de beneficio que son ilegales. “Eso es algo que el Perú no puede ni debe admitir”, añadió.
A la fecha, la fiscalización es realizada por direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas, ubicadas en cada región del Perú. Sin embargo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha verificado que ningún gobierno regional ha demostrado un desempeño de 51/100 puntos respecto al cumplimiento de estas obligaciones de fiscalización ambiental.
“El OEFA ha realizado 243 supervisiones ambientales, es decir, el 100% de sus administrados, mientras que los Gobiernos Regionales hicieron en promedio 28 supervisiones, es decir, al 1% de sus administrados El resultado: zonas deforestadas, bosques perdidos, canchas de relaves y lavado de cianuro. Por esto, debemos aclarar que este proyecto del ley no pretende incrementar la actividad de la interdicción sino fortalecer la fiscalización”, señaló el titular del Ambiente.
“Todo gobierno regional debe cumplir con 4 condiciones básicas para la fiscalización ambiental minera, sin embargo, a la fecha, ningún gobierno regional reúne estas 4 condiciones”, agregó el ministro del Ambiente.
Ante esta falta de fiscalización evidente en las plantas de beneficio, resulta conveniente la intervención de la OEFA, del OSINERGMIN y de SUNAFIL, para continuar en la lucha contra la minería ilegal y velar por el cuidado ambiental.