El presidente de la República, Alan García Pérez, señaló que el Decreto Supremo que sanciona a los funcionarios públicos que acaten o inicien paralizaciones contra el propio Estado es absolutamente constitucional porque así lo establece el artículo Nº 42 de la Carta Magna.
En ese sentido, advirtió que si algún funcionario público pretende llevar a cabo una huelga, tendrá que previamente dejar su cargo.
«La norma no establece pena de cárcel, sino la inhabilitación. Si algún funcionario quiere hacer huelga, entonces que entregue el cargo», reiteró García Pérez, agregando que la medida no es en represalia contra algunos presidentes regionales que respaldan movilizaciones y protestas en el interior de nuestro país.