La central de Fukushima Daiichi sigue siendo una amenaza nueve años después del accidente, casi todo el combustible sigue allí y necesitará refrigeración durante años. Probablemente se verterá agua radiactiva al mar; los residuos radiactivos de la limpieza se siguen acumulando en la zona; los habitantes evacuados se ven forzados por su propio gobierno a regresar. Asimismo, las Olimpiadas arrancan a solo 20 km de la zona cero.
Los trabajos de descontaminación avanzan muy lentamente, siguen allí las 880 toneladas de combustible nuclear fundido y empiezan a manifestarse dudas de que puedan retirarse completamente algún día, lo que exigiría encerrar los reactores en un sarcófago. Además, se mantiene en enormes tanques de 1000 m³, pero al ritmo de entrada de agua en los reactores, 170 m³/día en 2018, se necesita un nuevo tanque cada seis días.
Para reducir la radiactividad del agua se somete a un proceso de eliminación de materiales radiactivos, de manera que solo quede tritio, puesto que es imposible de separar y su vida media no es larga (12,3 años). Con estas condiciones, las autoridades japonesas, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), consideran que puede verterse al mar. En septiembre de 2015 se arrojaron 800 toneladas al Océano Pacífico. Pero la prensa japonesa destapó en 2018 los fallos de ese proceso.
No parece que esto vaya a detener los vertidos. El gobierno lo está sometiendo a consulta, pero el ministro de Medio Ambiente nipón se ha pronunciado a favor y ha provocado la furia de los pescadores y la preocupación de países vecinos. La OIEA persiste en aconsejarlo. Aunque el gobierno continúa levantando las órdenes de restricción para los municipios afectados, la ciudadanía evacuada por el accidente nuclear, unos 39.000 residentes, no se atreve a volver porque se la obliga a vivir con niveles de radiactividad que pueden superar veinte veces los estándares internacionales.
El procedimiento gubernamental para convencerles es suprimir las ayudas para vivienda. Los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han declarado su preocupación por las políticas japonesas sobre los evacuados y las violaciones de los derechos humanos de familias y trabajadores de la descontaminación.
En medio de todas estas dificultades y esfuerzos, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, pretende pasar página con la celebración de los JJ OO 2020. Parece querer arrinconar la catástrofe nuclear con la llama olímpica pues partirá del centro deportivo J-Village, a 20 km del lugar más peligroso del país, la central siniestrada.
Pero la contaminación radiactiva de un territorio es muy difícil de eliminar completamente, y el gobierno se ha encontrado con la denuncia de un Equipo de Monitoreo Nuclear y Protección Radiológica de Greenpeace Japón sobre sitios con niveles de radiación 1,700 veces más altos de lo aceptado por las autoridades, hasta 71 microsieverts por hora en los puntos calientes, frente a 0.23 considerados admisibles.
La respuesta ha sido aumentar los trabajos de descontaminación y mejorar la vigilancia de la radiación en ese estadio. No se cierra el problema, pues se va a convocar a miles de personas al estadio de la ciudad de Fukushima para los partidos de béisbol y softbol, a unos 65 km de la central. No es una decisión responsable si la prioridad es garantizar la seguridad pública, se comprende que el equipo de Corea del Sur quiera llevar su propia comida y sus medidores de radiación.
Mientras el combustible esté ahí, hay que mantener un flujo de agua para refrigerarlo, pero además penetran aguas subterráneas, y esto crea un gravísimo problema porque el agua se convierte en radiactiva y hay que almacenarla. Es un residuo peligroso y muy voluminoso, supera ya los 1,12 millones de metros cúbicos.