A solicitud de la comunidad nativa de Puerto Azul, una fiscal especializada en medio ambiente inspeccionó el último lunes la concesión forestal de la empresa Proyect Word Green Perú con el objetivo de verificar si existe tala ilegal o contaminación de las aguas por derrame de combustible en la zona.
La intervención fiscal, que se realizó con el apoyo de la Policía Nacional, se efectuó en el área de la concesión que se encuentra ubicada en las Unidades de Aprovechamiento 538,539, 540 y 541 del Bosque de Producción Permanente de Ucayali.
La comunidad cacataibo de Puerto Azul, que es asesorada por la ONG Instituto del Bien Común (IBC), el año pasado denunció los presuntos hechos ante diferentes instancias y en especial ante el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (OSINFOR).
Este último organismo realizó una inspección a la zona y sus funcionarios determinaron la suspensión de actividades de la empresa forestal y le inició un proceso de caducidad, con el fin de anular el contrato de concesión.
Se defiende
El gerente de la empresa Proyect Word Green Perú, Tomás Benavente, señaló que esas acusaciones son falsas y tendenciosas, y precisó que los comuneros de Puerto Azul estarían siendo engañados y manipulados por el IBC.
El empresario maderero explicó que viene cumpliendo el Plan General de Manejo Forestal y su Plan Operativo Anual, sin afectar los derechos de los nativos y a los pobladores de otras comunidades mestizas.
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