El director de la Asociación Paz Esperanza, Nolberto Lamilla, felicitó la actuación del representante del Ministerio Público, al investigar y determinar la responsabilidad del efectivo policial, pese a que las autoridades del gobierno central y del Ministerio de Interior “pretendieron desvirtuar la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú en la muerte de ambos pobladores, atribuyendo el hecho a supuestos infiltrados”.
En cambio, Lamilla deploró la denuncia penal formalizada contra Teodoro Quispe Mitacc, dirigente de la junta de regantes de Ayacucho, acusado de desmanes y daños a la propiedad pública y privada.
Dijo que esa acusación responde a la necesidad de criminalizar las protestas sociales, hecho que forma parte de una política gubernamental que busca no respetar algunos derechos sociales constitucionalmente consagrados.
Finalmente, sostuvo que las organizaciones de derechos humanos de Ayacucho esperan que el magistrado Gabriel Calmet Berrocal valore los hechos investigados para ordenar la detención del suboficial policial Carlos Alberto Rodríguez Huamaní.