En atención de la solicitud de la Comunidad Nativa Puerto Azul, ubicada en la provincia Padre Abad, región Ucayali, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, juntamente con otras autoridades regionales, realizó el 16 de marzo una inspección a la concesión de la empresa Proyect World Green Perú, durante la cual la fiscal adjunta provincial Dra. Fanny Fabiola Álvarez Bravo constató prácticas ilegales de explotación forestal.
De acuerdo a información publicada por el Instituto del Bien Común, una de las prácticas observadas fue la extracción de madera mediante el uso de motosierras, por lo que se ordenó la incautación de la madera aserrada y determinó que la misma quedaría bajo la custodia de la Comunidad Nativa Puerto Azul. Del mismo modo, se decidió que la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – Aguaytía entregará su informe sobre este particular en un plazo de siete días.
La información refiere que la concesión inspeccionada se superpone al territorio que la comunidad nativa Puerto Azul, del pueblo indígena Cacataibo, viene solicitando en ampliación desde 1991.
Asimismo, los comuneros han presentado ante la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y al Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) repetidas denuncias contra el concesionario Proyect World Green Perú por incumplimiento del plan de manejo, extracción y contaminación ambiental de las fuentes de agua que abastecen a sus pobladores, lo que ha comprometido su salud.
“El agua de las piletas que abastecen a la población sale turbia, como café negro y huele a petróleo», manifiesta Ángel Simón Angulo, jefe de la comunidad nativa. Según explica, la contaminación se produce cuando la maquinaria pesada utilizada por la empresa concesionaria derrama aceites industriales que luego drenan hacia la quebrada Pinsha, donde se encuentra la captación de agua para la comunidad.
Del mismo modo, por efecto del movimiento de maquinaria pesada, las aguas del río arrastran abundante sedimento hacia estos reservorios. Al respecto, Rusbel Mego Ponce, teniente gobernador de la Comunidad indicó que se están “haciendo reclamos justos: esta contaminación deriva en enfermedades. Somos 1200 habitantes en la zona. Si continúa la contaminación, tendríamos que caminar dos horas para buscar agua buena”.
Analizarán agua que consumen los comuneros de la zona
Es importante añadir que, durante la intervención, que contó con el apoyo de la Policía Nacional, un representante de la Dirección General de Salud obtuvo muestras del agua, para su posterior análisis de laboratorio, en tanto que la Fiscalía tomó declaraciones a una comunera de Puerto Azul, quien atribuyó la muerte de su hija al consumo del agua contaminada por las actividades del mencionado concesionario forestal.
También participaron en el operativo el ingeniero Pedro Cruz, de la Autoridad Nacional del Agua – Ucayali; la ingeniera Johana Hoyos Cardozo, de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Aguaytía; y un representante de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Aguaytía.
Dichos peritos tienen un máximo de diez días para presentar sus informes. También presenciaron el operativo expertos del Instituto del Bien Común institución que trabaja con la Comunidad Puerto Azul desde 2003.
Por otro lado, el abogado defensor de la Comunidad Puerto Azul, Dr. Jorge Tacuri registró las coordenadas del lugar del hallazgo de la madera incautada, al considerarse la posibilidad de que la mencionada empresa forestal esté operando fuera del área concesionada.
A tiempo de pedir a las autoridades una acción decidida para solucionar este problema, el vicepresidente de la Federación de Comunidades Cacataibo (FENACOCA), Sr. Reynaldo Mosoline enfatizó el carácter territorial del problema:
“Esta inspección es sólo una parte de todo lo que nos está afectando, y esta es nuestra lucha como Pueblo Indígena Cacataibo que somos, por ley y, apelando a la verdad, a la justicia y al derecho indígena, nos corresponde que se respete nuestra vida; más aún cuando nosotros estamos respetando a la madre naturaleza, cuidando el bosque, los animales y el agua desde tiempos ancestrales”, manifestó.
Instituto del Bien Común se une al pedido de solución
Por su parte, Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común, organismo que viene acompañando desde 2003 el proceso de ampliación de la comunidad Puerto Azul, al cual el Estado peruano no ha dado solución desde 1991, se une al pedido de la comunidad y de la FENACOCA para la pronta solución a este caso.
Benavides explica que la concesión de Proyect World Green Perú PWGP S.A.C. es una de las cuatro concesiones forestales otorgadas por el Estado peruano entre el 2002 y 2003 dentro de los límites de ampliación que había solicitado la Comunidad Nativa de Puerto Azul en el año 1991, vulnerándose de esta manera el derecho al territorio tradicional de la comunidad, estipulado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas suscrito por el Estado peruano.