Los dos fiscales blindados por la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar han realizado en los últimos días diligencias que favorecen a la cuestionada familia Sánchez Paredes, investigada por el desvío de insumos químicos al narcotráfico, según denunció la revista Caretas.
La titular de la Segunda Fiscalía de Trujillo, María Milian Solar, presentó una queja contra el comandante PNP Wenceslao Núñez Toledo, jefe del equipo policial que investiga a los Sánchez Paredes con 30 años de servicio impecable, a quien acusa de “prepotente y malcriado”, porque se negó a devolver los libros de registros de la empresa minera Comarsa (de Orlando Sánchez Paredes), considerados “pruebas de delito” porque demuestran que hay sobrantes y faltantes (no explicados) de óxido de calcio y otros insumos que son utilizados tanto en la extracción del oro como en la elaboración de la cocaína. Comarsa compra más insumos que Yanacocha, pese a que su producción de oro es menor.
Inclusive, según un informe policial, la fiscal se presentó a una diligencia acompañada de Amanda Sánchez Paredes a bordo de su camioneta 4×4 y la trataba con “mucha familiaridad”. Mientras tanto, el titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, José Castillo Espejo, ordenó a la Policía devolver los libros de registros de Comarsa porque alega que “han sido obtenidos indebidamente”.
Sin embargo, esto sería falso, pues según el atestado Nº 05-07-07-Dirandro-PNP/Diciq-“D”- Truji) de la División de Insumos Químicos, los propios abogados de los Sánchez Paredes entregaron los documentos. Aunque el fiscal lo niega, fuentes policiales afirman que la hermana de Castillo Especjo ha sido compañera de estudios de obstetricia de una de las hijas de Orlando Sánchez Paredes.
Finalmente, Castillo Espejo logró que la Fiscal de la Nación ordene a la División de Insumos Químicos entregar los libros de registros a Comarsa. Estas pruebas hubiesen sido fundamentales en un eventual juicio. En opinión de la procuradora antidrogas Sonia Medina, los fiscales mostraron indicios de corrupción y “es inexplicable que la Fiscal de la Nación los defienda de esa manera. La investigación está en real peligro”.
En tanto, el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi recordó que Bolívar maltrató y removió a la fiscal de Maynas (Iquitos), Luz Loayza, de la investigación a Fernando Zevallos por lavado de dinero y narcotráfico. Loayza estuvo a punto de culminar sus pesquisas, pero fue reemplazada por un fiscal cuestionado.
Amenazas y coimas
Caretas también señala que las presiones sufridas por Núñez y su equipo de tres policías antinarcóticos han sido numerosas desde que se iniciaron las investigaciones, a fines de marzo último. Ellos realizaban pesquisas en la mina cajamarquina Michiquillay, donde se encontraron enterrados insumos químicos, cuando se intervino un camión de la empresa Transportes Príncipe Azul con cinco toneladas de óxido de calcio (IPQF) y sin la documentación respectiva. El rastro del óxido llevó a los policías a Comarsa.
En el transcurso de las indagaciones, los policías recibieron tanto amenazas telefónicas como propuestas de soborno. Según consta en un parte que el comandante Wenceslao Núñez elaboró para sus superiores, el abogado de Orlando Sánchez Paredes y ex fiscal superior de Trujillo, José Bueno Sánchez, le ofreció US$ 20 000 hasta en tres oportunidades para que paralice las investigaciones. Los efectivos rechazaron la generosa oferta y a cambio fueron denunciados por el letrado ante una fiscalía de Cajamarca.
Paradójicamente, los agentes trabajaron durante cuatro meses sin apoyo logístico ni seguridad. Y ahora que las amenazas de muerte se han hecho más frecuentes, temen por sus vidas. El atestado policial sindica como presuntos cómplices de tráfico de drogas y desviación de insumos químicos a Orlando, Manuel y Amanda Sánchez Paredes. La segunda etapa de la investigación se centrará en la mina San Simón.