La política de deshacinamiento de penales implementada por el expresidente Alan García Pérez, entre los años 2008 y 2011, propició la formación de una estructura ilícita que tuvo como objetivo beneficiarse económicamente con los indultos y conmutaciones de penas, especialmente de presos por narcotráfico.
Esta organización, según sostiene el fiscal anticorrupción Walter Delgado, estuvo encabezada supuestamente por el entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, e integrada por funcionarios y particulares, que tenían en común ser militantes del Partido Aprista Peruano, además de los delegados jurídicos de los centros penitenciarios.
ALTOS FUNCIONARIOS
La investigación del fiscal Delgado solo alcanza a Miguel Facundo, por lo que las referencias hechas por los testigos al exministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso y a otros altos funcionarios fueron derivadas, para su indagación respectiva, al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
El Fiscal de la Nación ya abrió investigación a Pastor Valdivieso, sobre quien existe una referencia directa de un colaborador eficaz que señala su intervención, a través de su asesor José Marrufo Acosta, en los trámites para la conmutación de pena a los presos por narcotráfico Eugen Csorgo, Zeev Chen y Jacenty Maciej.
El fiscal anticorrupción ha centrado su investigación en la base de esta organización, lo que le ha permitido identificar 13 casos en los que se pagó para acceder a la conmutación en beneficio de un total de 24 reclusos.
Igualmente, ha identificado e iniciado investigación a 14 personas, incluido el abogado aprista Miguel Facundo Chinguel.
Los casos investigados por el fiscal, según el expediente de formalización de investigación, indican que si bien los presos por narcotráfico eran los principales objetivos, no fueron los únicos que pagaron.
El fiscal sostiene que Facundo, tras su nombramiento al frente de la Comisión, se rodeó de personas de su confianza y militantes apristas que tenían el encargo de visitar los penales y captar a los presos dispuestos a pagar.
Los pagos, como han dicho los testigos, eran de 10 mil dólares por año perdonado, aunque, dependiendo de las capacidades de cada interno, podían ser más o menos.
EL HOMBRE DE ALAN
El testigo Julio Paico Chimoy declaró a la Fiscalía que en diciembre de 2009 le escribió una carta al presidente Alan García, haciéndole un resumen de su caso y condición de militante aprista, para solicitarle la conmutación de la pena, pero que tiempo después le solicitaron cinco mil soles para darle el beneficio.
Recordó que el 24 de diciembre de 2009 recibió una misiva del secretario de la presidencia, Luis Nava Gibert, expresándole que su caso había pasado al Ministerio de Justicia.
«A los 30 días, encontrándome en el penal de Picsi, llamé a Fabiola Ojeda Julca, quien me señaló que tenía que pagar cinco mil soles, a lo que contesté que cómo era posible que si ‘yo era el hombre de Alan García’ y me dijo, no, señor, usted tiene que pagar», relató Paico Chimoy.
Agregó que se quejó con el congresista Javier Velásquez Quesquén de su situación y de los cobros hechos para la conmutación, pero que nunca le hicieron caso.
Al negarse a pagar, en diciembre de 2010, le devolvieron su expediente, rechazando la conmutación de su pena.
CASO DE LOS AFRICANOS
Sin embargo, uno de los casos de pagos por la conmutación más graves documentados por la fiscalía es el de ocho narcotraficantes oriundos de Nigeria y Zambia, que cumplían penas de 20 a 25 años de prisión.
A estos se les perdonó las penas en dos grupos, para lo que, según el testigo clave N° 02-2013 y Carlos Butrón Dos Santos, alias «Brasil», pagaron hasta 70 mil dólares a Manuel Carrera Toribio y Facundo Chinguel.
Para ejecutar los pagos, como en otros casos, se abrió una cuenta a nombre de la vendedora del penal Silvia Lira Cachayma, donde recibió el dinero del exterior y luego lo distribuyó a «abogados».
Igualmente, la fiscalía encontró una serie de inconsistencias en sus expedientes y la singular visita a las oficinas de la Comisión en el Ministerio de Justicia de otro personaje sorprendente: el presunto narco José Panta Ortiz.
INTENTOS DE FUGA
Desde su ingreso a prisión en 1997, Sethole, Mofya y Nnaemeka Akwuh habían intentado salir de prisión en muchas oportunidades, de manera lícita e ilícita sin lograrlo, hasta que apareció Facundo.
Phillip Mofya lo pudo lograr en 2004 cuando el 11° Juzgado Penal de Lima le otorgó un hábeas corpus anulando su juicio, pero en mayo del 2005 el Tribunal Constitucional se lo negó, y continuó en prisión.
Antes, los tres estuvieron implicados en dos intentos de fuga: en 1998, a través de un túnel del penal Miguel Castro, y en febrero del 2000, de Lurigancho, con un helicóptero.
En el segundo intento, sus cómplices tomaron un helicóptero de la FAP e intentaron aterrizar en el patio del penal. El ventarrón que generaron las aspas de la aeronave obligó a retomar vuelo sin recoger a sus futuros pasajeros. Luego, el piloto y el copiloto aparecieron muertos. Los narcos no les habría perdonado el fracaso.
Nnaemeka llegó incluso a falsificar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le reducía su condena significativamente, para salir de prisión, pero otra vez fracasó.
INDULTOS TRAFAS
Pese a estos antecedentes, en 2008 Facundo propició y logró ponerlos en libertad, luego de reducir sus condenas a 15 y 11 años de prisión, mediante una revisión extraordinaria.
Así, el 5 de agosto de 2008, García firmó la Resolución Suprema N° 138-2008 otorgando conmutación de sus condenas a Phillip Mofya, Malcolm Ngosa y Eneh Jude. En esa misma resolución liberó a Butrón Dos Santos y otros 105 reclusos.
Ese mismo año, el 10 y 15 de diciembre, García firmó otras dos resoluciones supremas exclusivas para dar libertad, en la N° 194-2008, a Jhon Nnaemeka, y la N° 197-2008, a Sethole.
Al año siguiente, el 8 de mayo del 2009, nuevamente García firmó las resoluciones supremas exclusivas, la N° 103-2009 a favor de Mokoena Moses, y la N° 104-2009 para Emeka Etonyeaku Nwabilo.
Al revisar sus expedientes, la fiscalía determinó que la comisión recomendó conmutarles las penas en enero del 2008, pero no fue hasta seis meses después de que empezaron a salir las resoluciones, tiempo que se habría esperado para que se realicen los pagos.
HASTA NARCO DEL VRAE
El tercer personaje de esta historia, Panta Ortiz, según los archivos de la Dirandro, sería uno de los coordinadores en Lima del clan narco del VRAE que dirige Jorge Reaño del Águila, alias «Salvador».
Panta Ortiz y «Salvador» cumplieron condena junto con los africanos, pero ellos salieron de prisión antes de que llegara Facundo Chinguel a Lurigancho. Por eso llama la atención que Panta visitara el Ministerio de Justicia con Carlos Butrón, en julio de 2009.
¿Qué hacía allí Panta? Según Butrón, hablar de perdón para los otros presos. El 3 de noviembre último, Panta Ortiz volvió a ser capturado, junto a los colombianos Edison Ruiz y Roberto Gómez y el venezolano Percy Matos, cuando se disponían a enviar a Holanda más de 995 kilos de cocaína, valorizada en unos 50 millones de dólares.
A esto debe agregarse, como informó La República el 23 de abril último, que Phillips Sethole, luego de salir libre, y otros cuatro ex reclusos también favorecidos por la Comisión de Indultos formaron una organización que envió droga del Vraem por Serpost, donde Miguel Facundo era miembro del directorio. Sethole está de nuevo en prisión
NEGOCIOS EN SOL DE PIURA
La fiscalía también confirmó la reunión de Miguel Facundo y el ahora prófugo Carlos Butrón, en el hotel El Sol, en Piura, en enero del 2009, lugar donde se realizó un pago de 30 mil dólares para la conmutación de pena a los colombianos Ramiro Castro Mendoza y Henry Guzmán Ortiz.
Facundo había asegurado a la prensa y la fiscalía que se retiró del hotel el 5 de enero, antes de que llegara Butrón, pero las facturas a nombre del Ministerio de Justicia dicen que recién lo hizo el 6, como afirmó el testigo.
Ahora, con Facundo Chinguel en prisión, la Fiscalía espera encontrar más pruebas y confirmar nuevos testigos.
GARCÍA BUSCA DETENER INDAGACIONES DE COMISIÓN CON ACCIÓN DE AMPARO
El expresidente Alan García presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo contra la megacomisión, que investiga sus acciones de gobierno. La demanda de 400 páginas está dirigida contra sus miembros y plantea la nulidad de todas las acciones realizadas hasta ahora por afectar su derecho de defensa.
El legislador Mauricio Mulder dijo que la acción de amparo se debe a que la “megacomisión viola sistemáticamente los derechos sustantivos del presidente García y de la mayoría de personas a las que investiga”.
Negó que este recurso busque apartar de la investigación al ex presidente García, quien se presentó el 3 de abril en sesión reservada para responder por las denuncias en los casos BTR, “narcoindultos” y las denuncias por Sedapal.
García había dicho que no presentaría acciones de amparo en contra de la megacomisión.
DICTAN PRISIÓN POR 9 MESES A MIGUEL FACUNDO
A pedido de la fiscalía anticorrupción, el juez de investigación preparatoria Miguel Quevedo dictó nueve meses de prisión preventiva para Miguel Facundo Chinguel al considerar que es factible, como aseguró el fiscal Walter Delgado, que estando en libertad obstaculice las investigaciones o intente fugar.
La misma medida tomó respecto al peruano-brasileño Carlos Butrón Dos Santos o Carlos Butrón Junior, alias «Brasil», quien abandonó el proceso de colaboración eficaz que realizaba con la fiscalía y salió del país, luego de declarar a la prensa.
El magistrado tomó esta decisión en una audiencia en la que escuchó a la Fiscalía y a los abogados de Facundo y Butrón. La defensa del ex presidente de la Comisión afirmaba que no había ningún peligro para la investigación con su cliente en libertad.
El fiscal de la Nación, José Peláez, indicó que es necesario investigar al ex ministro Aurelio Pastor para deslindar responsabilidades y aclarar las sospechas que existen en las conmutaciones de condenas.
El exsecretario de la presidencia Luis Nava Gibert admitió haberse reunido con Miguel Facundo en Palacio de Gobierno, pero negó que fuera por temas de conmutación de penas, porque eso era facultad de Julio Zavala.
Zavala admite que Facundo Chinguel llegaba a su despacho con los expedientes de conmutación ya aprobados por la Comisión.
EN CIFRAS
5,478 reclusos alcanzaron la conmutación de sus penas o el indulto durante el gobierno de Alan García, entre el 2006 y el 2011.
10 millones de dólares, según las cifras de la procuraduría anticorrupción, generaron las conmutaciones ilegales. (César Romero)
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