El ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, hizo un pedido a la Defensoría del Pueblo para que analice, investigue y sustente ante el Congreso de la República el pedido de acusación constitucional en su contra por la contratación de Proética durante su gestión como ministro del Interior del régimen toledista.
En una conferencia de prensa realizada al mediodía, la defensora Beatriz Merino resaltó que su institución no entrará al fondo del asunto sino que analizará y opinará sobre los tres temas señalados por Rospigliosi: el derecho de defensa, los límites temporales para las acusaciones constitucionales y la debida motivación en esta acusación constitucional.
Así, remarcó que Rospigliosi formalizará su pedido en la tarde de hoy. “La Defensoría analizará estos tres temas con relación al debido proceso, no es una queja sino un pedido de opinión. No entrará al fondo del asunto sino que sólo colaborará en el análisis de un derecho fundamental como el debido proceso”, remarcó Merino.
De esta forma, la Oficina Defensorial de Lima, a cargo de Eliana Revollar, y el adjunto para Asuntos Constitucionales, Fernando Castañeda, analizarán la relación entre lo que se investiga y el pronunciamiento final en el Parlamento y harán llegar en los próximos días su opinión al ex ministro y al Congreso de la República.
Merino recordó que la Defensoría tiene antecedentes de pronunciamiento sobre en debido proceso en acusaciones constitucionales, así como en el tema de motivación. “Hay un análisis de intervención de la Defensoría en este tipo de procesos ante el Congreso”, acotó.
La debida motivación es un derecho básico constitucional y consiste en que toda autoridad que impone sanción tiene que indicar cuáles son las razones de hecho o del derecho que le obligan a optar por esa decisión.
Como se recuerda, el 31 de marzo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Rospigliosi por haber suscrito en el 2002 dos convenios con la ONG Proética para evitar actos de corrupción en licitaciones públicas del Ministerio del Interior.