El compromiso del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC) de entregar durante los próximos dos años el Documento Nacional de Identidad (DNI) a toda la población mayor de 18 años fue saludado por la Defensoría del Pueblo, institución que supervisará esta tarea por tratarse de un derecho ciudadano.
Durante el 2008, la Defensoría del Pueblo atendió 4,606 casos de personas que enfrentaron problemas para acceder a su derecho a la identidad. Entre estos casos se registraron 613 quejas contra instituciones públicas que vulneraron este derecho, pese a que su responsabilidad es garantizarlos.
La Defensoría identificó que los problemas más recurrentes fueron las restricciones en la obtención del certificado de nacido vivo, la indebida cancelación de los documentos de identidad, la negligencia en la inscripción de nacimiento al consignarse datos errados en las actas de nacimiento, las restricciones para la obtención de actas de nacimiento, defunción o matrimonio que se perdieron debido a la destrucción de los registros civiles, cobros indebidos en los procedimientos de inscripción, entre otros.
El derecho a la identidad es la llave de acceso para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Solo con este documento, la población puede acceder al ejercicio a su derecho a la salud, a la educación, al trabajo o a una pensión, entre otros.
La Defensoría siempre resaltó los esfuerzos de las instituciones públicas encargadas de garantizar el cumplimiento de los procedimientos de identificación de las personas mediante la implementación de políticas públicas. Sin embargo, a fines del año pasado, el Congreso negó otorgar mayores recursos a la Defensoría para un proyecto destinado a promover el derecho de identidad.