Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron un plan para la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola, donde proponen que su implantación sea voluntaria, concertada con las comunidades campesinas y financiada en su totalidad por el Estado colombiano.
La delegación de las FARC divulgó este martes ante los medios en La Habana su «programa nacional» para sustituir esos cultivos ilícitos, uno de los aspectos incluidos en el punto sobre el problema de las drogas y el narcotráfico que actualmente debaten el Gobierno y la guerrilla.
Según el grupo rebelde, el problema a enfrentar en la lucha contra las drogas y el narcotráfico no son los cultivos campesinos de coca, amapola o marihuana sino sus usos ilícitos, de manera que «más que combatir la producción, de lo que se trata es de regularla o sustituirla», de acuerdo con ese documento, leído por el guerrillero «Pablo Catatumbo», alias de Jorge Torres Victoria.
Así, el programa que propone la guerrilla «se distancia en su concepción de políticas prohibicionistas o de interdicción y pretende buscar una salida a la problemática económica y social que ha llevado a sectores del campesinado a convertirse en los eslabones más débiles de una empresa capitalista de carácter trasnacional», indican las FARC.
La guerrilla propone que la sustitución de cultivos ilegales forme parte de la reforma rural y agraria de Colombia y se lleve a cabo mediante planes de desarrollo alternativo «diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas».
Esos planes de desarrollo «deberán contribuir a garantizar las condiciones de sostenibilidad» de los territorios donde se implanten, con medidas para la producción de alimentos y la realización de otras actividades económicas distintas a las agrícolas y pecuarias.
Otra de las vías que las FARC proponen para la sustitución de cultivos ilegales es la intervención directa del Estado colombiano «para regular la producción y el mercado considerando las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales, terapéuticas y culturales» de cultivos como la hoja de coca.
La guerrilla propone que los territorios objeto del programa de sustitución de cultivos ilícitos queden desmilitarizados y también excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala o de exploración y extracción de hidrocarburos.
En su plan, las FARC reiteran su reclamo de que se suspendan las aspersiones aéreas con agentes químicos así como la erradicación forzosa de cultivos.
Según la guerrilla, la sustitución de cultivos de coca, amapola o marihuana debe ser financiada en su totalidad por el Estado colombiano con la creación de un Fondo Nacional dotado con inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, asignaciones del presupuesto del país, recursos del Sistema General de Regalías y otros derivados de la reducción del gasto en seguridad y defensa.
Las FARC incluso piden que una parte de ese fondo cuente con aportes de la comunidad internacional y con recursos procedentes de las incautaciones hechas a los narcotraficantes en Colombia y en el exterior.
El Gobierno de Colombia y las FARC retomaron ayer sus diálogos de paz, que tienen sede permanente en Cuba y que hasta ahora han dado como frutos acuerdos parciales sobre la cuestión agraria y sobre el tema de la participación política, los dos primeros puntos de la agenda que rige este proceso, informó el portal lainformacion.com.