En informe que reproducimos a continuación, el diario La República da cuenta de un nuevo intento de la familia Sanchez Paredes, implicada en delito de lavado de activos, de parar la investigación en curso justo cuando el fiscal Jorge Chavez Cotrina se apresta a formular denuncia. En esta oportunidad han presentado en Pisco, una demanda contra el fiscal especializado por haber supuestamente excedido el plazo para formular acusación.
La República. Los esposos Segundo Sánchez Paredes y Marina Alayo Vásquez, así como sus hijos Fidel, Carlos, Miguel Ángel, Simón, Manuel Andrés y Lola Sánchez Alayo, investigados por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado por el presunto delito de lavado de activos, presentaron un hábeas corpus en un intento por impedir que el fiscal Jorge Chávez Cotrina los denuncie.
Extrañamente, los Sánchez Alayo presentaron la acción ante el Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Pisco, Ica, a cargo de la magistrada Lucy Castro Chacaltana.
De acuerdo con la fundamentación del hábeas corpus que formuló el abogado de la familia Sánchez Alayo, Pedro Cordero Valencia, consideran que el fiscal Jorge Chávez causa daño a la familia Sánchez Alayo porque ha superado el plazo de ley para concluir con las pesquisas a pesar de que no ha encontrado ninguna evidencia sobre el supuesto delito de lavado de activos.
Segundo Sánchez Paredes es hermano de Perciles Sánchez Paredes y Santos Sánchez Paredes, involucrados en la década de los años 80 en casos de narcotráfico. Según la argumentación de Segundo Sánchez Paredes, la sola relación familiar con sus hermanos no justifica que se le investigue por presunto lavado de activos.
La familia se defiende
“Lo más grave es que al encontrarme sometido a dicha investigación, solo por los vínculos consanguíneos que mantengo con los señores Perciles y Santos Sánchez Paredes (a quienes se les atribuye supuestos actos de tráfico de drogas), es evidente la arbitrariedad existente en mi sometimiento a la presente investigación y la vulneración de mi derecho a la defensa”, sostiene Segundo Sánchez Paredes, propietario junto a sus hermanos e hijos de las compañías mineras auríferas Comarsa y San Simón, entre otras.
A uno de los hijos de Segundo Sánchez Paredes, Fidel Sánchez Alayo, la Procuraduría General de México le atribuye haber intentado ocultar que su tío Simón Sánchez Paredes usaba para procesar cocaína el inmueble de su propiedad conocido como Rancho Luna, ubicado en territorio azteca. En ese lugar precisamente Simón Sánchez fue asesinado por sicarios del narcotráfico, el 10 diciembre de 1987.
Fuentes del Ministerio Público dijeron a La República que el hábeas corpus de la familia Sánchez Alayo carece de fundamento porque el Tribunal Constitucional ha señalado que el plazo de una investigación fiscal debe estar de acuerdo con la complejidad del caso. No hay un plazo fijo. Justamente, debido a que son investigadas 37 personas y 100 empresas, el caso de los Sánchez Paredes es considerado difícil.
El hábeas corpus de los Sánchez Paredes coincide cuando el Grupo Especial de la Dirección Antidrogas encargado de la investigación se apresta a entregar más de 2 millones de folios al fiscal Jorge Chávez Cotrina para que formule denuncia penal por presunto lavado de activos. La jueza de Pisco ya aceptó la demanda de la familia y existe el peligro de que la megainvestigación resulte torpedeada.
Al mismo tiempo piden a fiscalía ampliar la investigación
1] Mientras que ante un juzgado de Pisco Segundo Sánchez Paredes, su esposa y sus hijos reclaman porque el fiscal Jorge Chávez Cotrina se ha excedido en el plazo para investigarlos, la misma familia solicitó ante el mismo fiscal una ampliación de las pesquisas para hacer valer su legítimo derecho de defensa.
2] El 12 de enero de este año, Chávez Cotrina aceptó la solicitud de los Sánchez y amplió la investigación por 45 días más. Treinta días después, la misma familia interpuso el hábeas corpus contra Chávez Cotrina ante un juzgado de Pisco por extender el plazo de la investigación. Fuentes del Ministerio Público indicaron que, sin duda alguna, se trataba de una maniobra.
3] No es la primera vez. En agosto de 2008, la misma familia apeló a un juez del inhóspito distrito liberteño de Bolívar para presentar un hábeas corpus para sustraerse de la investigación por presunto lavado de dinero. El magistrado Esteban Lévano Fuentes, pocos días antes de jubilarse, concedió el hábeas corpus, paralizando por cuatro meses la indagatoria fiscal. Tuvo que intervenir la Corte Superior de La Libertad que declaró improcedente el hábeas corpus.
Los comentarios están cerrados.