Marco Antonio Estrada González dirige una fábrica de cocaína en el seno de la villa 1-11-14 en Buenos Aires (Argentina), donde controla quince manzanas de territorio liberado. Este exsenderista instaló diez laboratorios de clorhidrato de cocaína de máxima pureza en la capital argentina, los cuales son custodiados por 300 hombres armados.
El tema ha regresado a la agenda pública argentina debido a la denuncia realizada por Jorge Rodríguez, un ex investigador del Ministerio de Seguridad del país. El acusó a sus jefes por inacción frente al caso de Marco Antonio Estrada González, alias «Gordo».
Según informaron medios locales, Estrada González cumple una insignificante condena por narcotráfico y otros delitos en una lujosa urbanización cerrada de Buenos Aires.
Marcos llegó a la Argentina de manera ilegal en 1997, y se apoderó del negocio de las drogas después de asesinar al antiguo capo del lugar, el paraguayo Julio Valderrama. El 6 de mayo de 2007, el juez federal Jorge Ballestero ordenó un operativo sin precedentes en la villa 1-11-14, donde Marcos vivía en un departamento de tres pisos. Participaron más de 600 policías.
«Cuando los gendarmes (policía militar) se fueron, hubo festejos en la villa por casi 48 horas –se escucharon disparos durante más de 12 horas, incluidos tableteos de ametralladoras–, no sólo porque tres de los ‘generales’ de Marcos (y el propio Marcos) pudieron escapar, ya que les habían avisado del procedimiento, sino porque había entre 150 y 200 kilos de cocaína pura debidamente escondidos que no pudieron ser encontrados», recordó Rodríguez.
Después de una serie de persecuciones policiales y luego de que la policía lo encontrara en Paraguay, Estrada fue finalmente sometido a la justicia argentina. Sin embargo, con un ejército de cincuenta abogados a su lado, logró que dos mega causas por narcotráfico en su contra se resolvieran en dos juicios abreviados y una condena unificada de 10 años.
El primero de esos juicios abreviados fue por la venta de droga desde la villa. Esa causa derivó en el operativo ordenado por el juez Ballestero y en su pedido de captura internacional. Recién en 2012 fue condenado. Pero durante un allanamiento a su celda en la cárcel de Devoto las autoridades encontraron 12 celulares, a partir de los cuales comprobaron que seguía manejando el negocio desde la prisión.
Su poder era tal, que uno de esos móviles era uno de los dos teléfonos satelitales que había en el país. Un testigo clave en esa causa fue su contador, un ex adicto que anotaba en un libro la cantidad de droga que se llevaban los vendedores y que terminó entregando a Marcos y otros «generales». En 2013, Estrada fue condenado a 10 años de prisión.