El Acuerdo de Escazú, cuya ratificación está pendiente en el Congreso de la República, fortalece la posición del Perú en temas ambientales, pues asegura el principio permanente de soberanía de los Estados firmantes sobre sus recursos naturales, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. Durante las últimas semanas, grupos empresariales ligados a las industrias extractivas han manifestado su oposición a que el país ratifique este acuerdo, pero lo han hecho de manera errada: con mentiras, desvirtuando la naturaleza del tratado, y mostrando mucha desinformación, cuando no intereses particulares.
Para hablar de los beneficios de este acuerdo regional, Manuel Ñiquen, del portal La Mula, conversó con Manuel Pulgar-Vidal, exministro del Ambiente y líder de clima y energía de World Wildlife Fund (WWF).
Beneficios del Acuerdo de Escazú
«El acuerdo tiene que ver con la competitividad. Es lo que tanto reclaman los empresarios. Cuando tú logras uniformizar la legislación en países de una subregión como en este caso América Latina y el Caribe, lo que haces es igualar las condiciones para la competitividad. Todos tienen que cumplir los mismos procesos sustentados en una regla común. Eso es lo que te da competitividad, esa es, por ejemplo, la esencia de los tratados de libre comercio que el empresariado válidamente ha ido teniendo. Es decir, lo que haces es establecer reglas para que haya reciprocidad y para que no haya trato diferenciado. Es lo mismo en estos acuerdos regionales. Promueves una competitividad por la uniformización de las reglas».
«Asimismo, garantiza la participación ciudadana, aquello que todo el sector empresarial utiliza. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía ha accedido, casi exclusivamente, al proyecto de ley que preparó la PCM sobre la política de ordenamiento territorial; ha hecho opiniones bastante negativas sobre el proyecto, y ¿por qué ha podido hacer eso? Porque el derecho de participación, a través de su componente de acceso al proceso, es para ellos también. Si no existiera esa garantía, ese gremio se vería sorprendido por un proyecto de ley que se discute en el Congreso sin ninguna capacidad de contribuir con este proceso; y mira que, en este caso, ha sido un proceso exclusivamente participativo con este gremio. O gremios, incluida la Sociedad Nacional de Industrias, de Pesquería y otros, ¿por qué tienen trabajadores de enlace en el parlamento? Porque les garantiza el acceso al proceso».
«Si no hubiera acceso al proceso, el presidente del Congreso podría decir válidamente, señores ustedes no pueden pasar esta puerta porque no pueden ser parte de este proceso. Es un derecho que está garantizado para todos: personas y, a su vez, organizaciones que representan personas o que representan empresas, como el caso de los gremios y por eso tienen este acceso a la participación. Entonces, es fundamental garantizar este proceso, que en el caso peruano incluso estuvo reconocido desde antes de la Declaración de Río en 1992. La participación ciudadana es un derecho garantizado a nivel global. La participación ciudadana es un derecho y aunque los empresarios luchen “hasta quemar el último cartucho” como dice Cayetana Aljovín –que es algo risible– la participación ciudadana existe a nivel global y nacional. Un convenio de esta naturaleza ayuda a mejorar la competitividad del país al uniformizar reglas y por ello hay que promoverlo».
¿Cosa de las ONG?
«Este es un país que habitualmente establece argumentos basados en viejos temores. El temor a la hiperinflación, al terrorismo y al conflicto. Siempre vamos a encontrar que en todas las argumentaciones del sector empresarial, alguno de esos tres temores se manejan sin ninguna razón específica. El Acuerdo de Escazú no es una cuestión de organizaciones no gubernamentales (ONG), como dice equivocadamente Francisco Tudela, quien afirma que la Declaración de Río era la de las ONG. Señores, en Río de Janeiro se reunieron estados. Es más, se reunió el presidente a quien él luego representó como vicepresidente: Fujimori. Yo no sé si han leído los empresarios el principio 7 del Código del Medioambiente que promulgó Alberto Fujimori en el año 90. ‘Toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política’. El Perú tiene una regulación avanzada sobre la participación, previa a lo que se decidió en la declaración de Río o que otras regiones decidieron con otras convenciones».
¿Pierde el Perú soberanía?
«Estos temores se levantan ahora que estamos discutiendo un tratado regional para la participación ciudadana donde falsamente se alega que se pierde soberanía porque puede haber injerencia de terceros. Yo le pregunto al sector empresarial si han leído el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Si fuera cierto lo que plantea el sector empresarial, acabemos con el TLC. Pongámonos de acuerdo y reconozcamos que el TLC es infinitamente superior al concepto de invasión de la soberanía. Entonces, digamos señores no más TLC ni con Estados Unidos, ni Canadá ni la Unión Europea porque eso permite que instituciones estadounidenses pidan a su parlamento que le pregunte a Perú qué está pasando con la tala ilegal. Y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo debe contestar oficialmente. Entonces, si tienen un temor, por elementos que no están en el Acuerdo de Escazú pero sí en el TLC entonces deroguemos el TLC, porque ese temor, si supuestamente es fundado, debería ser para todo».
«Hay un conjunto de temores y de contradicciones muy severas en su discurso que hay que hacerles ver, porque no podemos promover el diálogo que el canciller Mario López plantea si por una parte tienes argumentos como los que están planteando Mariano Castro y otras personas, versus mentiras. ¿Cómo se puede regular o dialogar cuando alguien te dice que se entrega el 50% de la Amazonía y tú dices que vas a buscar Amazonía en el texto y no figura. O dices, voy a perder soberanía, cuando hay un artículo que dice que se respeta la soberanía de los estados sobre los recursos naturales. Hay un conjunto de elementos, falsedades, inexactitudes y mentiras adrede. ¿Mario López va a desconocer acaso la firma del presidente Vizcarra y de la ministra del Ambiente? ¿Acaso esto no ha llegado oficialmente firmado por el jefe de Estado al Congreso de la República? Hagamos un diálogo sincero, pero no hay ninguna razón para retrasar la ratificación. Un acuerdo de esta naturaleza incluso mejora la competitividad».
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