Ante la expansiva minería ilegal que se presenta en la zona del Huallaga ejercida por diversos pobladores locales, entre ellos excocaleros cuyas plantaciones ilegales fueron erradicadas, César Ipenza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), afirma que no existe justificación alguna para desarrollar dicha actividad.
En los últimos meses las provincias de Huamalíes, Puerto Inca, Pachitea y el distrito de Monzón, han sido atacadas por personas que aducen que han comenzado a dedicarse a esta actividad porque sus plantaciones de hoja de coca fueron erradicadas, y no tienen otra forma de sobrevivir.
Sin embargo, el abogado de la SPDA refutó ese argumento, señalando que “no hay justificación para cometer un delito, con esa lógica podríamos justificar la existencia de ladrones, de delincuentes. La minería ilegal es un robo al Estado y a cada uno de nosotros porque finalmente los recursos minerales son de todos los peruanos”.
En el Diario del Aire, noticiario coproducido por INFOREGIÓN en Tingo María, precisó que aquellos mineros informales que no se adhirieron al proceso de formalización, difícilmente van a poder formalizarse porque el plazo para presentar declaraciones de compromiso y ampararse en el proceso venció en diciembre del año pasado.
“Todo aquel que no esté amparado en el proceso de formalización resulta ilegal, y por tanto la autoridad debe proceder a hacer interdicciones, es decir, incautar o destruir la maquinaria con la que se desarrolla la actividad, además de formular la denuncia penal contra las personas que hacen la actividad ilegal”, precisó Ipenza.
El Código Penal fue modificado en 2012 y ha tipificado el delito de minería ilegal, señalando como culpable del “delito de minería ilegal a aquella persona que desarrolla la actividad sin contar con autorizaciones de autoridades pertinentes y no se encuentra amparada en ningún proceso de formalización”, señaló.
El especialista dijo que en ese contexto lo que corresponde es que la Fiscalía Ambiental, la Dicapi y la Policía procedan a desarrollar actividades de interdicción. Además los procuradores de los gobiernos regionales y locales deben formular resoluciones sobre la materia.
Puntualmente, en el caso de la minería dentro de los ríos, no se puede realizar esta actividad hacer dentro de los cursos de agua. “Por ejemplo, las dragas artesanales que existen en Puerto Inca y en Pachitea se encuentran totalmente prohibidas y lo que procede en ese caso es la interdicción y destrucción, tal como ha ocurrido recientemente en Madre de Dios, además ya el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad en el país, ha confirmado la prohibición de estas dragas a nivel nacional”, precisó.
Consultado sobre la existencia de funcionarios que facilitan esta actividad de familiares u otras personas, refirió que “el Código Penal señala textualmente que si se evidencia una situación irregular de una autoridad que está facilitando la comisión de un delito ambiental o un delito de minería ilegal puntualmente, hay serias responsabilidades contra el funcionario, porque a raíz del poder que él tiene, está facilitando una actividad ilegal, por tanto, existe la posibilidad de denunciar penalmente a este funcionario”.
Citó como ejemplo el caso de un exdirector de Energía y Minas del Gobierno Regional de Huánuco, que se encuentra en proceso de investigación en la Fiscalía Ambiental de Huánuco, por haber facilitado el desarrollo de la actividad de minería ilegal en Puerto Inca.
Finalmente, César Ipenza resaltó el rol fundamental de las autoridades locales en la lucha contra este flagelo, “porque son lugares donde normalmente no llegan los ministerios y si las autoridades locales ejercen adecuadamente sus competencias a través de determinadas autorizaciones o de formular denuncias inmediatamente se dé la presencia de esta actividad ilegal y hacen un llamado a las autoridades nacionales que tiene competencia, se generará una respuesta efectiva e inmediata que impida la destrucción de nuestro patrimonio nacional”.
Recordó que las fuentes de agua, una vez contaminadas, difícilmente se recuperan, de igual forma ocurre con los bosques, y peor aún, con la salud de las personas que comienzan a ser contaminadas o afectadas por la minería ilegal, pues se utilizan insumos altamente contaminantes para extraer el mineral, como el mercurio, entre otros.
Los comentarios están cerrados.