Más de cien congresistas votaron para que la minería ilegal quedara fuera de la nueva Ley contra el Crimen Organizado, promulgada recientemente. Pese a que este tipo de actividad presenta todas las características para considerarse como crimen organizado, congresistas de diversas bancadas esgrimieron una serie de argumentos y lograron excluirla de la nueva ley. Así los mineros ilegales no solo tienen ministros que claudican ante sus pedidos, sino también tentáculos que llegan hasta el Congreso de la República, donde inclusive un representante –Amado Romero, el llamado ‘Comeoro’– está ligado a una actividad contaminadora, que evade tributos, tiene vínculos con el narcotráfico, promueve la trata de personas y la explotación infantil.
El jueves 18 de julio del 2013, a las 10:30 a.m., en el portal del Congreso se publicó el Diario de Debates del pleno. En él pueden leerse los argumentos esgrimidos por congresistas como Yehude Simon, Daniel Abugattás, Javier Velásquez Quequén, Yonhy Lescano, Jorge Rimarachín Cabrera, entre otros.
Según Rimarachín, por ejemplo, incluir la minería ilegal en la Ley contra el Crimen Organizado es querer “desplazar a la pequeña minería y minería artesanal para que entre la gran minería”. El congresista Yehude Simon toma esa misma ruta ideológica y sostiene: “Tengo entendido que hay algunas empresas mineras que de ninguna manera desean que esto suceda [la formalización minera]; porque de ser así, gana el erario, y ciertamente las grandes empresas también tendrían algunos perjuicios, porque demostrarían que con los mineros informales hay más para el erario que con las propias empresas formales”.
Son más de 20 páginas en las que congresistas de distintas bancadas defienden a la poderosa mafia de mineros ilegales, que anualmente mueven ya más dinero que el narcotráfico con sumas superiores a los dos mil millones de dólares.
Solo el congresista Martín Belaunde Moreyra alerta a sus colegas del peligro que significa perder de vista que la minería ilegal es una forma de crimen organizado. Así, Belaunde expresa que “la minería ilegal tal como está definida en los decretos legislativos 1099 al 1107 […] no es formalizable”. Añade Belaunde: “La minería informal es una minería que, evidentemente, no cuenta con permisos o que explota concesiones ajenas […] y se realiza en áreas naturales protegidas de uso indirecto, parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos […]. No debemos ignorar que en la cadena de distribución, en la cadena de producción, distribución y comercialización, beneficio de este mineral en bruto para convertirlo en oro metálico de tal o cual grado de pureza sí pueden intervenir diversos elementos del crimen organizado, incluso del crimen organizado vinculado al narcotráfico, porque hay vasos comunicantes entre el narcotráfico y, desgraciadamente, la minería aurífera”.
Los argumentos del doctor Belaunde, sin embargo, cayeron en saco roto pues en el Diario de Debates claramente se ve la intención de los demás congresistas de excluir la minería ilegal del crimen organizado. Pues acto seguido el congresista Zamudio Briceño defiende abiertamente “ampliar los plazos para darles oportunidad a estos hombres del Perú, que tienen esta herencia ancestral del trabajo más rudo en las minas, en los cerros del país, para llevar un pan a su casa”.
Así las cosas, el pasado 20 de agosto se promulgó la nueva Ley contra el Crimen Organizado. La actividad que ejecutan personajes como Gregoria Casas, ‘Tía Goya’, a la que el propio primer ministro, Juan Jiménez Mayor, calificó como “lideresa de una banda de delincuentes organizada”, parece tener tentáculos que llegan hasta las propias curules congresales.
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