La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó hoy por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones el informe remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi por haber suscrito en el 2002 dos convenios con la ONG Proética para evitar actos de corrupción en licitaciones públicas del Ministerio del Interior. El informe de Acusación Constitucional será sometido a votación del Pleno del Congreso.
El ex ministro del Interior es acusado de haber violado el artículo 126 de la Constitución, que sanciona el beneficio de los intereses económicos de terceros. Sin embargo, Rospigliosi señaló que esa norma no es aplicable porque nunca hubo pago de dinero a Proética por la firma de esos convenios, uno de los cuales buscaba supervisar la compra de uniformes para la PNP.
Dijo también que él no recibió los informes que emitió dicho consorcio, con relación a la labor que efectuó, en la medida que ya no era titular del Interior cuando se emitieron los mismos. En ese sentido, sostuvo que el ex parlamentario Jorge Mufarech lo denunció con falsedades porque no ganó esa licitación.
Ante la Comisión Permanente, Rospigliosi consideró la acusación en su contra como absurda y una represalia política y aclaró que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinó que no violó dispositivos legales sobre contrataciones del Estado porque dichas normas no son aplicables en este caso.
“Está claro que no hay delito y es una acusación política contra mí y José Ugaz Sánchez Moreno por ser presidente de Proética. Estamos ante un caso político”, señaló y dijo entender esta acusación como una represalia política a quienes denuncian la corrupción. “Esta acusación no tiene sentido ni base, es absurda y es una represalia política de no sé quién”, finalizó.
Subcomisión determinó que Rospigliosi no cometió infracción
Durante el debate previo a la votación, el congresista Javier Bedoya de Vivanco resaltó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó al aprista José Vargas Fernández la investigación, quien concluyó que no se encontraron indicios razonables de infracción del artículo 126 de la Constitución, por lo que recomendó archivar dicha denuncia.
Sin embargo, dijo que la Sub Comisión debatió el informe y el resto de integrantes contradijo lo dicho por Vargas Fernández y optó, sin ningún fundamento, por la responsabilidad de Rospigliosi. “No hubo debate, fue un típico voto político sin ningún sustento jurídico”, sentenció.
Por su parte, Carlos Bruce precisó que esta denuncia tiene visos de “contener una rencilla personal entre quien formuló la acusación y el denunciado”, por lo que pidió al Congreso tener cuidado en evaluar las acusaciones contra ex funcionarios de Gobierno.
Agregó que el pedido de inhabilitación en el ejercicio público por cinco años es extralimitado y sienta un pésimo precedente para los siguientes períodos. “No usemos acusaciones constitucionales como mecanismos de rencilla política. El Congreso debe actuar como filtro ante este tipo de acusaciones”, remarcó.
Finalmente, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde consideró que esta acusación es “tirada de los cabellos y con un tufillo para atacar a un gestor de campañas anticorrupción como Fernando Rospigliosi”, y lamentó que de esta acusación se hayan colgado dos grupos políticos afectados por la acción de Rospigliosi.
Tras la aprobación del informe acusatorio la Comisión Permanente acordó la conformación de la subcomisión que se encargará de sustentar la denuncia respectiva ante el Pleno del Congreso la misma que no podrá variar el tenor del documento sancionado.
Dicha comisión, según se acordó, estará presidida por el legislador Wilder Calderón.
El informe fue aprobado luego de desestimarse una cuestión previa presentada por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, para que se consulte a la Comisión de Constitución si el plazo de caducidad sobre este tema ya habría vencido.
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