De acuerdo a la sistematización realizada sobre monitoreos y evaluaciones ambientales y de salud, a los que tuvieron acceso investigadores de dos organismos no gubernamentales, en la provincia cusqueña de Espinar sí existe contaminación ambiental con metales pesados. Esta fue la conclusión del análisis elaborado por Patricia Rojas de CooperAcción y Ana Leyva de Fedepaz, integrantes de la Red Muqui y que “pone en evidencia que los reclamos de la población de esta localidad tienen fundamento y requieren ser atendidos”, según dijeron.
“Según información del Ministerio de Energía y Minas, en la provincia de Espinar se desarrollan en total cinco proyectos mineros. Tres de ellos (Tintaya, Antapaccay y Coroccohuayco) pertenecen a la compañía minera Xstrata Tintaya S.A. Del total de proyectos, solo la Unidad de Tintaya se encuentra, actualmente, en etapa de producción, lo que permitiría deducir que podría ser una de las responsables de la generación de los problemas de contaminación en el lugar, junto con los pasivos ambientales”, manifestaron.
“Por otro lado, en el área donde se encuentran los proyectos mineros, entre ellos la Unidad Tintaya, se han realizado varios monitoreos de agua o evaluaciones ambientales y de salud. De estos se han difundido solo ocho. En este punto es necesario precisar que de los ocho monitoreos conocidos, solo cinco contaron con la participación de las comunidades afectadas y se practicaron en un periodo de ocho años”, agregaron.
Con relación a Censopas afirmaron que “existen dos estudios realizados por este Centro. Uno sobre el ámbito de influencia del proyecto Quechua y otro sobre los proyectos mineros de la Provincia de Espinar, ambos elaborados a partir de muestras y resultados de monitoreos iguales”.
Este último, titulado “Riesgos a la salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar Cuzco, 2010” -elaborado entre agosto y octubre de 2010 y que evalúa metales pesados en seres humanos, alimentos, suelo, aire y agua- determinó la existencia de niveles sobre los límites permitidos de metales pesados en algunas de las muestras analizadas, señalan las conclusiones de las investigadoras.
Con respecto a este punto precisaron que de “las siete comunidades monitoreadas por Censopas, cinco formaron parte del ámbito de influencia de los proyectos mineros Tintaya, Coroccohayco, Antapacay y Quechuas, los que, junto a los pasivos ambientales dejados por antiguas minas, de alguna manera podrían tener relación con los resultados presentados en el mencionado estudio”.
El análisis de las especialistas considera que, ante ello, el Ministerio de Salud debe aclarar la situación que se ha suscitado con la confusión de ambos informes. “Su silencio ha permitido que se dañe la imagen de una Congresista de la República y de una autoridad local”, agregaron.
“Sobre el río Salado, si bien en su naciente se registra una contaminación natural por los aportes de aguas termales altamente mineralizadas con sodio, boro, arsénico, entre otros, en su trayectoria esta contaminación natural debería irse diluyendo por el aporte de agua de los ríos tributarios que desembocan en el río Salado. Por lo tanto, el argumento de que la contaminación que puede existir en la zona no necesariamente se cumple para los ríos tributarios”, indica la investigación.
Y agrega que “por todo lo expuesto, el hecho de que muchos de los puntos que están en zonas de influencia directa de los proyectos mineros y de pasivos ambientales tienen indicios de contaminación que son recurrentes en los diferentes monitoreos, hace necesario que el gobierno conforme una comisión multisectorial con amplia participación de la sociedad civil, reconociendo a sus autoridades democráticamente elegidas, y que entre otras acciones realice un estudio integral de salud en la zona que involucra los proyectos mineros en desarrollo”.
Finalmente señalan que “es necesario que se revisen periódicamente los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presentan las empresas al Estado. Los EIA establecen medidas de mitigación para los impactos negativos que puede tener una actividad. Con el tiempo, esas medidas pueden resultar insuficientes por múltiples razones. En el Perú no se exige esa revisión periódica, habría que hacerlo”.