MADRID. En una alianza sin precedentes, 16 entidades sociales, tanto de ámbito estatal como territorial, han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reutilización y reciclaje del 50% para 2020 marcado por la Unión Europea. Años y años de políticas erráticas, porcentajes de recogida selectiva y reciclaje estancados y total desinterés para fomentar la prevención y la reutilización han motivado a estas organizaciones a dar este paso histórico, según han detallado esta mañana diferentes personas representantes.
“Todas las prospecciones sobre la preparación para la reutilización y reciclaje en 2020 obligan a pensar que en el Estado español no se cumplirán los objetivos establecidos por la Directiva 2008/98/CE”, reza la denuncia presentada por este grupo de colectivos. Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reciclaje de residuos municipales en España se situaba en el 35% en 2018. Y, no solo esta insuficiente cifra ha empeorado en los últimos años, sino que además España no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión le ha ido recomendando en los últimos años para llegar al objetivo del 50% en 2020.
“El incumplimiento resulta más que evidente y es un síntoma claro de la ineficiente gestión de los residuos en España”, han sentenciado los denunciantes. En la denuncia, más allá de solicitar que la Comisión Europea admita a trámite su reivindicación, las entidades demandan un cambio de rumbo inmediato por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dentro del Ejecutivo español. Este giro de 180 grados pasa por trasponer las nuevas Directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos participativa y ambiciosa, con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.
“Las cifras hablan por sí mismas. Según el último informe del Ministerio de Transición Ecológica sobre gestión de residuos, de las 22.2 millones de toneladas de residuos urbanos que generamos en 2018, más del 53% se envió a vertedero, lo que supone un aumento respecto al año anterior, y cerca del 12% de los residuos fueron incinerados. Esta nefasta gestión de los residuos supone un derroche de recursos naturales en un contexto de escasez de materiales y de materias primas y una masiva contaminación de los suelos, del agua y del aire y, un grave perjuicio a la salud de las personas».
Ha declarado Adriana Espinosa de Amigos de la Tierra apuntando que “la aceptación de la denuncia demuestra que necesitamos mayor grado de ambición y compromiso en la reforma de la Ley de Residuos que actualmente está llevando a cabo y que ahora está también bajo la lupa de toda Europa. La Ley debe primeramente cumplir con la jerarquía de residuos, es decir, priorizar la prevención en la producción de residuos y en su peligrosidad. En segundo lugar, debe mejorar la gestión de la materia orgánica y desplegar todo su potencial. Y sin duda, debe implantar de verdad la responsabilidad ampliada del productor y evitar que el peso siga cayendo en las personas consumidoras».