El Estado peruano tiene la obligación ética, política y jurídica de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone el pago de reparaciones para las víctimas de los sucesos violentos producidos en el penal Castro Castro en 1992, sostuvo el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner.
Hay opiniones discrepantes pero al margen de ello, hay una obligación del Estado peruano que aceptó cumplir y asumir como vinculantes las decisiones de la Corte», dijo al tiempo de opinar que los crímenes cometidos por los miembros de Sendero Luminoso no los hace merecedores de ser asesinados al margen de la ley y con impunidad.
