El Estado tiene argumentos contundentes para lograr que se revoque la sentencia de libertad condicional otorgada a la ciudadana estadounidense condenada por terrorismo Lori Berenson, señaló el procurador para casos de terrorismo, Julio Galindo.
En ese sentido, dijo esperar que la Sala Penal Nacional (SPN), presidida por el vocal David Loli, revoque la libertad otorgada a Berenson teniendo en cuenta apreciaciones incorrectas de la jueza Jessica León, en el fallo judicial que le concedió ese beneficio.
«Berenson fue condenada a 20 años y la pena efectiva que ha cumplido es 14 años, 5 meses y 25 días. La ley dice expresamente que para que ella pueda tener derecho a esa liberación tiene que haber cumplido las tres cuartas partes de la pena, como podemos ver, no cumple con esos requisitos (…)”, agregó.
Sostuvo también se que obvió un informe de la Policía especializada respecto al domicilio donde Berenson tenía previsto cumplir la sentencia de arresto domiciliario.
“Ese informe existe en la primera solicitud, que es un cuadernillo, donde ella dice que va a vivir en la casa de una amiga en Chorrillos, pero esto es objetado por la propietaria quien dice que ha alquilado esa casa a una inquilina, pero no puede permitir que viva una terrorista (…) Existe en el expediente una manifestación de la propietaria de la casa», detalló.
El procurador dijo estar convencido de que Berenson no se ha arrepentido de pertenecer al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y recordó que recientemente mostró una actitud agresiva frente a un reportero gráfico.
En otro momento, el viceministro de Justicia, Luis Armando Marill del Águila señaló que el Ministerio de Justicia asume el caso de Lori Berenson como los demás casos que tienen que ver con delitos de terrorismo.
«El mensaje del Ministerio de Justicia es que está totalmente abocado a realizar todas las acciones que garanticen una verdadera defensa del Estado», acotó.