La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló que el tránsito de la cultura del secreto, lamentablemente aún presente en muchas dependencias de la administración pública, a la cultura de la transparencia en el Estado es un proceso de largo aliento que involucra constancia y liderazgos personales e institucionales.
Precisó que este proceso implica que el Estado asuma retos, a fin de concretar y sostener políticas de transparencia a largo plazo.
La Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM y el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, participaron en el primer día de actividades de la Segunda Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo principal es evaluar el estado actual de la transparencia y el acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno, a siete años de la promulgación de la legislación sobre la materia.
La reunión, en la que estuvieron presentes las más altas autoridades del Estado, busca identificar los problemas subsistentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y, a partir de ello, proponer metodologías y criterios para monitorear la aplicación de la legislación respectiva.
Además, se han previsto espacios de trabajo para articular las políticas de transparencia de los diferentes niveles de gobierno.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, y el Director Ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad, Ricardo Uceda, asistieron al acto inaugural de la Conferencia e integraron la Mesa de Honor.
También estuvieron presentes los presidentes regionales de Amazonas, Ayacucho, Lima y Tumbes, quienes suscribieron la «Declaración sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública» en la Primera Conferencia Nacional de Acceso a la Información, realizada en septiembre del año pasado.
Pide debate amplio sobre despenalización del aborto
De otro lado, la Defensora del Pueblo se refirió a la despenalización de algunas figuras de aborto y sostuvo que la institución que encabeza considera necesario invocar a que haya un debate amplio y profundo acerca del contenido de la propuesta y su justificación.
Señaló que el tema debe trascender el interés de las iglesias y de las ONGs especializadas “para ubicarse como un tema de trascendencia general para la población peruana”.
“Se encuentran en juego diferentes valores y visiones sobre la vida humana y sobre el rol del Estado en relación a ella. Como Defensora del Pueblo he dispuesto que nuestras unidades especializadas en asuntos constitucionales, mujer y salud estudien el tema y profundizar un documento para poder contribuir al necesario debate que debe llevarse a cabo”, manifestó.