ESPINAR. Desde noviembre del 2019, el Ministerio de Energía y Minas viene implementando la consulta previa en 11 de las 13 comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, en la provincia cusqueña de Espinar. Se viene consultando, la autorización de inicio de operaciones, que es un acto formal y tardío, necesario para iniciar la etapa de construcción.
Las comunidades originarias que vienen participando de este proceso son Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana. Por su parte, Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área de influencia directa, si bien inicialmente tuvieron reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, éstas no se han retomado ya que exigen que se les consulte la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) porque consideran que es la única decisión que les permite poner condiciones a la inversión, a fin de que se respete sus derechos. Pese a esta demanda, el MEIA fue aprobado.
Ante este hecho, en el 2019 los presidentes de las comunidades originarias de Huini Coroccohuayco y Pacopata interpusieron una demanda de amparo contra SENACE por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este proceso legal está siendo acompañado por IDL, CooperAcción y Derechos Humanos sin Fronteras.
Para Ana Leyva, abogada e investigadora de CooperAcción, en este caso el Estado debió realizar el proceso de consulta previa del MEIA para determinar los impactos del proyecto sobre los derechos colectivos y las medidas necesarias para evitar la vulneración a estos derechos.
“La consulta que se viene impulsando estos días no es sobre el MEIA, sino sobre la autorización del inicio de operaciones, una decisión tardía, que no tiene relevancia alguna. Es más, cuando esta se da, las decisiones que pueden afectar derechos colectivos ya han sido tomadas. Por otro lado, si bien los acuerdos de una consulta son vinculantes, no servirán para garantizar derechos ya que no podrán cambiar las condiciones establecidas en anteriores decisiones”.
Considera además que en este caso debió de existir consentimiento porque la implementación del proyecto implica reasentamiento poblacional. “El proyecto no solo requiere consulta previa del MEIA, sino también consentimiento porque habrá reasentamiento poblacional. En este tema, las normas internacionales de protección a pueblos indígenas son muy claras” señaló la abogada.
Una consulta sin relevancia
El último 22 de abril, en una reunión virtual, funcionarios del MINEM y del MINCUL y dirigentes comunales de las 11 comunidades mencionadas, firmaron una adenda para reafirmar su participación en el proceso de consulta previa.
En dicha reunión también se definió un nuevo cronograma para las reuniones técnicas virtuales y la sexta etapa de la consulta previa, que consiste en el “diálogo intercultural” entre el Estado y los miembros de las comunidades. Desde el 29 de abril al 10 de mayo se desarrollaron las reuniones técnicas en la modalidad virtual, para establecer la metodología del proceso y revisar las actas suscritas con anterioridad.
Exigencia de derechos en pandemia
La provincia cusqueña de Espinar convive con la actividad minera desde hace más de 30 años, sin embargo, las comunidades no se oponen a la actividad minera, pero lo que sí exigen es que tanto la empresa como el Estado garanticen el respeto de sus derechos humanos y colectivos. El único proceso para generar y promover condiciones mínimas es la consulta de los instrumentos de gestión ambiental como el EIA y el MEIA, pero como hemos señalado, esto no ocurre en el país.
Cabe señalar que frente a ello, el 26 de abril, la empresa minera a través de un comunicado señaló que respetará los acuerdos de la consulta, que el proyecto minero se encuentra suspendido y no se iniciará su construcción durante este año ni en el próximo.
Ana Leyva señaló que “esta consulta es complicada porque se da un contexto de pandemia, pero además, es un proceso que no está involucrando a las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata que serán las más afectadas con este proyecto”.