La existencia de un escuadrón de la muerte dentro de la policía, creado para lograr ventajas para sus integrantes, constituye una de las noticias más horrorosas de los últimos años, así como una evidencia más –por si hiciera falta– de la gran reforma que se necesita en esta institución crucial para la sociedad.
La comisión creada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, para investigar la denuncia concluyó que “existen serios indicios de la existencia de una agrupación irregular formada por oficiales y suboficiales de la policía, quienes, para obtener ventajas personales, habrían falseado información de inteligencia simulando enfrentamientos y abatiendo personas en por lo menos seis casos”.
Así, estos malos policías construían casos de enfrentamientos para encubrir la ejecución de personas que luego eran presentadas como delincuentes peligrosos que habían sido abatidos en operaciones casi heroicas,algo que después les servía para construir expedientes exitosos en los procesos de ascensos en la jerarquía policial.
Entre los ejecutados habría, de acuerdo con el informe de la comisión, hasta personas que no tenían ninguna requisitoria, por lo que no podían ser consideradas delincuentes.
Este último constituye, sin duda, un fenómeno horroroso pero que es, en el fondo, igualmente reprobable que el de cualquier persona que habría sido asesinada por este escuadrón de la muerte.
Cualquier ejecución extrajudicial, sea de quien sea, es, sin duda, condenable, por más que, lamentablemente, en medio de la angustia ciudadana por el empeoramiento de la seguridad, un sector no deleznable de la población apruebe y hasta celebre la liquidación de delincuentes y hasta de ‘potenciales’ delincuentes
El ministerio del Interior ha hecho bien en investigar el caso y en pasarlo a la fiscalía de crimen organizado con el fin de que siga su proceso en las instancias judiciales, lo cual debe realizarse sin interferencias políticas.
Pero mientras el caso avanza, no debe existir duda de la gravedad de esta denuncia que lleva a concluir, por un lado, el poco valor que tiene una vida en el Perú.
Y, por el otro lado, demuestra la profundidad de la reforma pendiente en la policía nacional, por la posibilidad de que una entidad clave del país por su papel en la seguridad ciudadana, tenga integrantes capaces de asesinar para asegurar un ascenso.
Ir hasta las últimas consecuencias en este caso ayudará a limpiar la institución, distinguiendo a los muchos buenos policías de los podridos.